Por Alonso Rosales
Un nuevo caso de muerte bajo custodia migratoria ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades locales, luego de que el medio City Reporter informara que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la empresa privada GEO Group confirmaron a la congresista Analilia Mejía los detalles de un tercer fallecimiento ocurrido en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.
La información surge pocos días después de la muerte del salvadoreño Edwin López Cornejo, cuyo fallecimiento desató una ola de críticas por presunta negligencia médica dentro de la instalación. Sin embargo, este nuevo caso corresponde a otra persona fallecida, distinta a López Cornejo, según las revelaciones difundidas por el medio local y respaldadas por la congresista.
Hasta el momento, las autoridades federales no han hecho pública la identidad del migrante ni las causas oficiales de su muerte. La falta de información ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los decesos ocurridos dentro del centro administrado por GEO Group bajo contrato con ICE.
La congresista Analilia Mejía manifestó que el caso evidencia la necesidad de una supervisión independiente sobre las condiciones de detención y la atención médica que reciben los migrantes. Organizaciones comunitarias y activistas han denunciado durante meses problemas relacionados con el acceso a medicamentos, retrasos en la atención médica y condiciones inadecuadas para personas con enfermedades crónicas.
Delaney Hall ha permanecido bajo intenso escrutinio desde su reapertura debido a protestas, huelgas de hambre y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Diversos líderes comunitarios han solicitado el cierre del centro y una investigación federal que determine las responsabilidades por las muertes registradas en sus instalaciones.
La confirmación de un tercer fallecimiento incrementa la presión sobre ICE y GEO Group para que revelen la identidad de la víctima, expliquen las circunstancias del caso y permitan una investigación transparente que esclarezca si existieron fallas en la atención médica o en los protocolos de emergencia. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles continúan exigiendo mayor supervisión de los centros de detención migratoria en Estados Unidos y garantías para la protección de las personas bajo custodia.
