Por Alonso Rosales
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria mediante la aplicación de multas civiles contra inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a contar con una orden final de deportación. Entre los posibles afectados se encuentran miles de salvadoreños que residen en territorio estadounidense y que enfrentan procesos migratorios pendientes.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado más de 100,000 notificaciones a inmigrantes informándoles que acumulan una multa de 998 dólares por cada día que permanecen en el país después de haber recibido una orden definitiva de expulsión emitida por un juez de inmigración.
En algunos casos, estas sanciones han alcanzado cifras superiores a 1.8 millones de dólares por persona, convirtiéndose en una de las medidas económicas más severas implementadas por el gobierno estadounidense para incentivar la salida voluntaria de los inmigrantes.
Posible impacto para los salvadoreños
La medida podría afectar a ciudadanos salvadoreños que cuentan con una orden final de deportación y que continúan residiendo en Estados Unidos. No obstante, no todos los salvadoreños están sujetos automáticamente a estas multas.
Especialistas en inmigración señalan que las sanciones se aplican únicamente a quienes tienen una orden definitiva de remoción y permanecen en el país sin cumplir dicha resolución. Personas con procesos migratorios abiertos, solicitudes de asilo pendientes, peticiones familiares en trámite, Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente u otras protecciones legales pueden encontrarse en situaciones distintas que deben ser evaluadas individualmente.
Estrategia de presión económica
Según la investigación periodística, la administración Trump ha convertido estas sanciones en parte de su estrategia de deportaciones masivas.
Las cartas enviadas por el DHS incluyen información sobre la aplicación CBP Home, mediante la cual el gobierno promueve la llamada “autodeportación”. A quienes abandonen voluntariamente Estados Unidos utilizando esta plataforma se les ofrece, en algunos casos, la posibilidad de solicitar la condonación de las multas acumuladas.
Cobros mediante agencias privadas
El reporte también señala que el gobierno estadounidense ha comenzado a trasladar estas deudas a agencias privadas de cobranza.
Además, las autoridades pueden recurrir a mecanismos como:
- Embargos salariales.
- Retención de devoluciones de impuestos.
- Demandas civiles para ejecutar el cobro.
- Posibles afectaciones al historial crediticio.
- Acciones legales sobre determinados bienes, conforme a la legislación aplicable.
Ante esta situación, numerosos inmigrantes han buscado asesoría jurídica para intentar detener los cobros o impugnar la legalidad de las sanciones.
Batallas legales
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presentado demandas colectivas argumentando que estas multas podrían violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe las multas excesivas, además de cuestionar si se ha respetado plenamente el debido proceso.
Sin embargo, el gobierno federal sostiene que las multas están autorizadas por la Ley de Inmigración de 1996 y que permanecer en el país después de una orden definitiva de deportación constituye una infracción que puede ser sancionada económicamente.
Cifras oficiales
Datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por The New York Times indican que entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026:
- Se impusieron más de 103,000 multas a inmigrantes con órdenes finales de deportación.
- El monto total reclamado supera los 84,000 millones de dólares.
- El gobierno ha recuperado más de 1.2 millones de dólares mediante este mecanismo.
Recomendaciones para la comunidad salvadoreña
Abogados especializados en inmigración recomiendan a los salvadoreños que reciban una notificación de multa no ignorar el documento y buscar de inmediato asesoría legal. Cada caso migratorio presenta características particulares y existen recursos administrativos o judiciales que podrían estar disponibles dependiendo de la situación de la persona.
Asimismo, recuerdan que las personas beneficiarias del TPS, con solicitudes de asilo pendientes o con otros procesos migratorios activos deben consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión relacionada con su permanencia en Estados Unidos.
Fuentes: The New York Times; Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS); Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Public Justice
