Por Alonso Rosales
En una medida que marca un nuevo capítulo de presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves sanciones contra cinco altos funcionarios nicaragüenses a quienes acusa de jugar un papel clave en la represión política y la consolidación del poder autoritario en Managua.
La acción estadounidense se produce en un contexto de creciente tensión diplomática en la región, que incluye el avance de las relaciones entre Washington y Caracas tras el ataque estadounidense en Caracas el 3 de enero, así como atención a las situaciones autoritarias en Cuba y Nicaragua.
Según el comunicado oficial del Tesoro, las sanciones se aplican a funcionarios que lideran “las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares” utilizadas por la denominada dictadura de Ortega y Murillo para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes.
Las autoridades sancionadas son:
- Denis Membreño Rivas: director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero que, según Washington, ha sido instrumentalizado para suprimir financieramente a la sociedad civil y la oposición.
- Aldo Martín Sáenz Ulloa: subdirector de la UAF, quien ha servido junto a Membreño desde la creación de la unidad en 2012.
- Johana Vanessa Flores Jiménez: ministra de Trabajo, nombrada en agosto de 2025, señalada por supuestas prácticas de explotación laboral, confiscación de bienes y creación de un entorno de competencia desleal que afecta tanto a empresas nacionales como extranjeras.
- Celia Margarita Reyes Ochoa: subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), institución que enfrenta señalamientos por su participación en un amplio aparato de vigilancia y control de comunicaciones y datos personales.
- Leonel José Gutiérrez López: mayor general y jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia (DICIM) del Ejército de Nicaragua, descrito como uno de los órganos más opacos y fundamentales en el monitoreo de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “la dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes. Continuaremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense”.
La OFAC recordó en su declaración que estas sanciones se enmarcan dentro de un patrón de violaciones de derechos humanos que se remonta a las protestas masivas de 2018 en Nicaragua, durante las cuales las fuerzas estatales emplearon violencia y detenciones arbitrarias que dejaron cientos de muertos y miles de presos, en lo que muchos observadores internacionales calificaron como una represión sistemática.
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, prohíben transacciones con estas personas a menos que cuenten con una licencia específica de la OFAC.
Analistas internacionales señalan que estas acciones buscan no solo penalizar a individuos, sino también incrementar la presión sobre el régimen de Ortega y Murillo para que ponga fin a prácticas autoritarias, libere a presos políticos y respete los derechos fundamentales. Desde Managua, el gobierno nicaragüense no se ha pronunciado oficialmente sobre estas nuevas sanciones al cierre de este despacho.
FUENTE , CNN Y KTVZ . DEPARTAMETO DEL TESORO
