Por Alonso Rosales
El 27 de enero de 2026, las familias de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, ambos ciudadanos de Trinidad y Tobago, interpusieron una demanda civil contra el gobierno de los Estados Unidos en un tribunal federal de Boston, Massachusetts, acusando a la administración del expresidente Donald Trump de responsabilidad por la muerte de sus familiares en un ataque militar ocurrido el 14 de octubre de 2025.
La querella —presentada por Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo— sostiene que los dos hombres fueron víctimas de homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales luego de que una embarcación civil en la que viajaban fuera alcanzada por un misil estadounidense mientras regresaban de Venezuela a su hogar en Las Cuevas, una localidad pesquera de Trinidad y Tobago.
El contexto del ataque y la campaña militar
El ataque que acabó con la vida de Joseph y Samaroo formó parte de una serie de operaciones militares lanzadas por la administración Trump en el Caribe y el océano Pacífico oriental, alegando estar dirigidas contra “narcolanchas” y embarcaciones ligadas al narcotráfico. Según informes, desde septiembre de 2025 al menos 36 ataques similares han matado a más de 120 personas.
El gobierno estadounidense ha defendido estas operaciones como parte de una campaña para combatir el tráfico de drogas internacional, afirmando que las embarcaciones atacadas estaban vinculadas a organizaciones criminales. Sin embargo, los demandantes y sus abogados rechazan esa narrativa, subrayando que ni Joseph ni Samaroo tenían vínculos con cárteles ni estaban armados, y que el gobierno de Trinidad y Tobago confirmó que no tenía información que los relacionara con actividades ilegales.
Argumentos de la demanda
La demanda, tramitada bajo el Death on the High Seas Act y el Alien Tort Statute —dos leyes federales que permiten demandas por muertes en alta mar y violaciones de normas internacionales— acusa al gobierno de:
- Ejecuciones extrajudiciales de civiles fuera de cualquier conflicto armado legal.
- Negligencia y falta de justificación legal para usar fuerza letal contra una embarcación civil.
- Violación del derecho internacional y de los principios básicos de derechos humanos al atacar a personas que no representaban una amenaza concreta ni inminente.
Los abogados que representan a las familias, incluyendo organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights, califican los hechos como asesinatos sin justificación legal y sostienen que el caso puede sentar un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia de uso de fuerza militar en alta mar.
Repercusiones y respuesta del gobierno
Hasta el momento no se ha emitido una respuesta formal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre la demanda, y la administración Trump ha defendido la legalidad de las operaciones en múltiples ocasiones. No obstante, la presentación de este caso ante un tribunal estadounidense representa el primer desafío legal de este tipo contra la política de ataques marítimos implementada por la Casa Blanca bajo la justificación de la lucha contra las drogas.
Las familias no buscan una orden judicial que detenga futuras operaciones, sino compensación por daño y la responsabilidad del Estado por la muerte de sus seres queridos, en un litigio que podría abrir el debate sobre la legalidad de acciones militares en aguas internacionales sin autorización del Congreso y con consecuencias humanitarias significativas.
Fuentes
- Newsday: “Families of Trinidadian fishermen killed in US missile strike sue US government”
- ACLU: “Families of Trinidadian Men Killed in Illegal Boat Strike Sue Trump Administration”
- OPB: “Families of killed men file first U.S. federal lawsuit over drug boat strikes”
