Por Alonso Rosales
El régimen del presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace 19 años, anunció este 10 de enero de 2026 la liberación de decenas de presos políticos, entre ellos varios opositores, líderes sociales y comunicadores críticos al gobierno, en un gesto que ha generado reacciones diversas a nivel nacional e internacional.
Entre los nombres confirmados por medios nicaragüenses figuran: Jessica Palacios, Armando Bermúdez, Olga María Lara Rojas, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico Ruddy Palacios. También se ha reportado la excarcelación de otros opositores que estuvieron en condición de desaparición forzada hasta su liberación.
El régimen Ortega-Murillo atribuye esta medida a su “firme compromiso con la paz, la convivencia familiar y comunitaria”, y afirma que la excarcelación forma parte de una política de reconciliación social en Nicaragua. Las autoridades no han divulgado detalles completos sobre los procesos judiciales ni si existe alguna condición o restricción para los liberados.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y diplomáticos han señalado que este gesto podría obedecer a la creciente presión internacional, especialmente desde Estados Unidos y otros actores regionales, que han exigido la liberación de todos los presos políticos nicaragüenses y el respeto a las libertades fundamentales.
Para el gobierno de Ortega, los detenidos habían sido procesados bajo cargos relacionados con delitos contra la seguridad del Estado, tales como “incitación al odio, terrorismo o desestabilización del orden constitucional”, acusaciones que el Ejecutivo sostiene como justificativas legales para sus detenciones históricas. No obstante, estos cargos han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos como infundados y políticamente motivados.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversos colectivos pro-democracia y la embajada de Estados Unidos en Managua han calificado estas liberaciones como un paso limitado e insuficiente, dado que todavía permanecen decenas de personas detenidas o desaparecidas arbitrariamente, incluyendo figuras religiosas, activistas y adultos mayores.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Artículo 19 han denunciado durante años que la represión nicaragüense contra opositores y periodistas constituye una violación sistemática de derechos humanos, caracterizada por detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y desapariciones forzadas desde el estallido de protestas sociales en 2018.
La liberación de estos presos —algunos de ellos líderes comunitarios y periodistas críticos al gobierno— marca un nuevo capítulo en la crisis política que afecta a Nicaragua desde hace más de siete años, mientras la comunidad internacional insiste en que se restablezcan plenamente las garantías democráticas y se liberen todos los prisioneros políticos que aún permanecen bajo custodia estatal.
FUENTES , EL PAIS, CIBER CUBA , LA PRENSA HN
