Por Alonso Rosales, analista internacional
En la madrugada del 16 de diciembre de 2025, la presidenta Xiomara Castro lanzó una advertencia que sacudió a la ya frágil escena política hondureña: dijo que se está “gestando” un intento para romper el orden constitucional y llamó a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica para defender el mandato popular. Esta denuncia llega en un momento de máxima tensión tras unas elecciones presidenciales disputadas y en medio de la polémica reaparición del nombre del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), indultado recientemente en Estados Unidos.
¿Qué dicen los hechos conocidos hasta ahora? Primero, la queja central de Castro tiene dos ejes: (1) la posibilidad —según su gobierno— de un regreso organizado de Juan Orlando Hernández, cuyo indulto por la administración estadounidense reavivó pasiones y recelos en Honduras, y (2) maniobras políticas que, en el extremo, podrían poner en riesgo la institucionalidad. Sin embargo, el propio Juan Orlando Hernández ha rechazado categóricamente las acusaciones, negando que exista un plan de ingreso al país ni intenciones de ruptura constitucional. En palabras oficiales suyas: “la acusación es completamente falsa”.
El contexto electoral agrava el clima. La votación del 30 de noviembre dejó resultados ajustados y partes del conteo con inconsistencias técnicas que requieren un recuento especial; mientras tanto, protestas y bloqueos ya han interferido con procedimientos oficiales en Tegucigalpa. La incertidumbre sobre quién será el próximo presidente otorga a cada rumor o filtración una capacidad enorme para polarizar y movilizar a las bases.
Reacciones internas y externas
La acusación de la presidenta no ha quedado aislada: sectores de la oposición y medios afines al expresidente la han calificado de alarmista o interesada en desviar la atención por la derrota electoral de su partido. En paralelo, actores regionales han reaccionado con cautela: gobiernos como el de México han reiterado su llamado al respeto de la democracia y a la no injerencia, subrayando la necesidad de soluciones institucionales y diálogo.
¿Cómo evaluar el riesgo real de un golpe? Hay que separar tres niveles de análisis. El primero es el operativo: un golpe de Estado clásico exige control de las fuerzas armadas, respaldo policial y sectores clave del Estado; no hay, hasta ahora, evidencia pública sólida de que esas piezas se estén moviendo en bloque hacia un plan de derrocamiento. El segundo es el político: la narrativa sobre el retorno de JOH funciona como catalizador —verdadero o no— de indignación y movilización, que puede traducirse en disturbios o presiones para decisiones institucionales controvertidas (por ejemplo, presionar órganos electorales). El tercero es el externo: la intervención o influencia de actores foráneos (diplomáticos, declaraciones públicas, presiones económicas) puede inclinar la balanza o aumentar la percepción de amenaza, incluso sin un complot militar organizado. Con estos tres niveles en mente, la amenaza de un golpe parece, hoy, más de naturaleza política y de percepción que de un plan militar concretado —aunque el margen de error es alto en situaciones tan volátiles.
¿Qué camino ofrece la sensatez democrática? Primero, transparencia absoluta en el recuento y en las decisiones del Consejo Nacional Electoral: cuanto más claro y público sea el proceso, menor el espacio para las narrativas conspirativas. Segundo, la moderación de los discursos públicos; llamar a la movilización pacífica, como hizo Castro, es responsable siempre que se eviten mensajes que exacerben la confrontación. Tercero, mecanismos de verificación internacionales y la presencia de observadores imparciales pueden legitimar resultados y enfriar tensiones. Finalmente, el Estado de derecho debe prevalecer: si existen pruebas de conspiración o ilícitos, deben seguirse procesos judiciales transparentes, no discursos inflamatorios ni extra-legalidades.
Conclusión — riesgo y responsabilidad
Honduras atraviesa una combinación peligrosa: electorado dividido, instituciones en tensión y actores con incentivos para movilizar en la calle. La advertencia de Xiomara Castro no puede descartarse a la ligera porque opera dentro de ese clima de fragilidad; sin embargo, tampoco conviene transformarla en una certeza de golpe inminente sin pruebas públicas y verificables. La responsabilidad política, en este instante, exige dos cosas: pruebas cuando se hacen acusaciones de ese calibre, y esfuerzos verificables y transparentes para contener la polarización. La democracia hondureña necesita, más que mensajes diseñados para movilizar, acciones que restablezcan confianza.
Fuentes
- Xiomara Castro advierte de que se gesta un golpe contra su Gobierno y llama a una movilización masiva en Honduras — El País (16 dic 2025).
- Presidenta Xiomara Castro denuncia existencia de amenazas y planes contra orden constitucional de Honduras — Xinhua (16 dic 2025).
- Juan Orlando Hernández rechaza acusaciones y niega plan de regreso al país — El Heraldo / Prensa Libre (16 dic 2025).
- Protests hamper Honduran special vote recount in latest election turmoil — Reuters (15 dic 2025).
- Trump resucita a Juan Orlando Hernández, el candidato omnipresente en Honduras — El País (análisis, 4 dic 2025) y antecedentes sobre el indulto y salida de prisión en EE. UU. — Los Angeles Times (2 dic 2025).
