Redacción ContraPunto
La justicia rusa declaró “extremista” a la banda punk Pussy Riot y prohibió todas sus actividades en el país, una decisión que equipara al grupo musical con organizaciones criminales y endurece aún más la persecución contra cualquier forma de disidencia política o cultural.
El fallo fue dictado por el tribunal del distrito Tverskói de Moscú, tras un juicio celebrado a puerta cerrada a petición de la Fiscalía. La sentencia implica penas de hasta seis años de prisión por cualquier tipo de vinculación con el grupo, incluyendo la difusión o consulta de su contenido en internet, bajo una legislación que criminaliza materiales catalogados como “extremistas”.
Entre los argumentos utilizados por la Fiscalía figuran la publicación en 2022 de la canción Mamá, no mires la televisión, crítica con la invasión rusa a Ucrania, y consignas contra la guerra coreadas durante un concierto en Múnich en 2024. También se citan acciones anteriores, como la irrupción de integrantes del grupo en la final del Mundial de Rusia 2018.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, las integrantes de Pussy Riot viven en el exilio. Su líder, Maria Aliójina, huyó de Moscú en 2022 tras enfrentar múltiples procesos judiciales. Un año antes, el grupo había sido catalogado como “agente extranjero”, una figura legal utilizada por el Kremlin para restringir y asfixiar a opositores políticos y culturales.
En septiembre de este año, otro tribunal ruso condenó en rebeldía a cinco integrantes de la banda a penas de entre ocho y trece años de prisión por el delito de “desacreditar al ejército ruso”, una de las figuras penales más utilizadas desde el inicio del conflicto bélico.
Horas antes de conocerse la sentencia, el grupo reaccionó en redes sociales recordando que la persecución estatal contra Pussy Riot se remonta al menos a 2012, cuando varias de sus integrantes fueron encarceladas tras una protesta en la catedral de Cristo Salvador de Moscú.
Organizaciones de derechos humanos y voces críticas han advertido que este tipo de resoluciones no responden a criterios de seguridad, sino al uso sistemático del aparato judicial para silenciar expresiones artísticas, políticas y sociales contrarias al poder, en un contexto de creciente autoritarismo en Rusia.
