Desde Ginebra, Juan Gasparini.
«La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel», designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, consideró que «al matar a civiles refugiados en escuelas, las fuerzas de seguridad israelíes cometieron el crimen de lesa humanidad de exterminio», según el informe que será presentado por los 3 expertos de esta Comisión, en la sesión del Consejo que se inicia el lunes en Ginebra.
«Los incidentes investigados por la Comisión causaron bajas civiles», constituyendo «crímenes de guerra», dirigiendo «ataques contra civiles, homicidio intencionado (cuando murieron civiles debido a los ataques), lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causaría pérdidas incidentales de vidas o lesiones a civiles que serian manifiestamente excesivas en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se preveía», dice el informe de los 3 expertos de esta Comisión: Navanethem Pillay (Sudafrica), Millon Kothari (India) y Chris Sidoti (Australia).
«Los ataques israelíes han causado daños en mas del 70% de los edificios escolares de Gaza y han creado una situación en las que la educación de los niños se ha hecho imposible. Más de 658.000 niños de Gaza llevan 18 meses», sin acudir a clases. «Las instalaciones educativas de Gaza fueron atacadas por diversos medios, como ataques aéreos, bombardeos, incendios y demoliciones controladas … La Comisión considera que Israel ha aplicado una política concertada para destruir los sistemas educativo y de salud de Gaza».
«Aproximadamente un millón de desplazados se han refugiado en las instalaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) desde el 7 de octubre de 2023. Hasta el 25 de marzo de 2025, 742 personas refugiadas en sus instalaciones habían muerto y 2.406 otras resultaron heridas. Unos 87.000 estudiantes universitarios vieron afectadas su educación por la destrucción o daño de 57 edificios. El campus de la Universidad de Al-Azhar fue demolido.
«Entre el 7 de octubre de 2023 y el 25 de febrero de 2025, en Gaza, 403 de un total de 564 edificios escolares sufrieron impactos directos y daños. De los centros afectados, 85 escuelas quedaron totalmente destruidas y 73 perdieron al menos la mitad de sus estructuras». Allí «16.275 docentes escolarizaban a unos 435.290 alumnos … Han muerto 612 docentes y 2.769 resultaron heridos, siendo abatidos 190 miembros del personal académico universitario».
A su vez, «la Comisión documentó varios incidentes en los que las fuerzas de seguridad israelíes quemaron o demolieron escuelas, muchas de las cuales estaban vacías en ese momento», considerando «que dicha conducta fue deliberada e innecesaria», y significa «una violación de los principios de necesidad, distinción, precaución y proporcionalidad en virtud del derecho internacional humanitario … Las declaraciones de los soldados implicados en tales actos demuestran una clara intención de vengarse por el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, infligiendo un castigo colectivo a la población civil y causar destrucción gratuita».
Para la Comisión «estos actos son indicativos de la intención de las fuerzas de seguridad israelíes de destruir estas instalaciones por tratarse de centros educativos y de reducir a largo plazo el acceso de los palestinos a las infraestructuras civiles necesarias, en particular la educación. La Comisión considera que Israel ha aplicado una política concertada para destruir el sistema de salud de Gaza … quemando intencionalmente algunas escuelas», afirma también el informe.
«Se prevé que la destrucción del sistema educativo en Gaza perjudique a los palestinos durante generaciones, con los consiguientes problemas de desarrollo económico, trabajo y capacidades sociales. Los expertos han señalado que la situación actual en Gaza, incluida la destrucción de escuelas y universidades, retrasará hasta cinco años la educación de niños y jovenes».
El informe de la Comisión aporta elementos sobre «las demoliciones y los ataques de los colonos que han afectado a 806.000 estudiantes. Mas recientemente, unos 40.000 palestinos fueron desplazados, lo que perjudicó gravemente el derecho de los niños a la educación. Israel ha hecho poco por impedir que los colonos atacaran intencionalmente centros educativos para aterrorizar a las comunidades y obligarlas a abandonar sus hogares, o por procesarlos cuando lo han hecho».
«La Comisión descubrió, mediante el análisis de pruebas digitales, que las fuerzas de seguridad israelíes había demolido el campus de Al-Zahra de la Universidad de A-Israa el 13 de enero de 2024, el cual albergaba un museo. El 710 Batallón de Ingeniería de Combate y el 8130 Batallón Blindado llevaron a cabo la demolición bajo las órdenes del comandante de la 99a División, que posteriormente recibió una nota disciplinaria por ordenar la demolición sin la debida aprobación».
Todas «estas aciones constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho de mantener opiniones, la libertad de expresión y el derecho a la educación. Las autoridades israelíes han puesto en el punto de mira a educadoras y estudiantes, con la intención de disuadir a las mujeres de su activismo en lugares públicos, lo que constituye una violación de los derechos de las mujeres y niñas recogidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer».
Cabe precisar que «los daños a edificios históricos, monumentos y demás patrimonio material tienen un efecto cascada y afectan profundamente a elementos culturales inmateriales, como las practicas religiosas y culturales, los recuerdos y la historia. El gran número de lugares atacados indica un claro desprecio por las creencias religiosas, la cultura y el patrimonio del pueblo palestino y socava su cultura e identidad», consigna el informe.
«Los diez lugares de interés cultural o religioso investigados por la Comisión» son «bienes de carácter civil en virtud del derecho internacional humanitario y bienes culturales en virtud de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de la que Israel es parte. En 4 de los 10 incidentes investigados por la Comisión, a saber, los relativos a la Gran Mezquita Omarí, los Baños de los Samaritanos, la mezquita de Saad al-Ghafari y la Universidad de Israel, incluido su museo, las fuerzas de seguridad israelíes declararon que habían atacado un objetivo militar situado en el lugar, pero no aportaron las pruebas que la Comisión pudiera examinar. Los cuatro lugares fueron arrasados. La Comisión observa que, dadas las circunstancias del entorno, la presencia de un objetivo militar legítimo invocado por las fuerzas de seguridad israelíes, no habría justificado los daños y la destrucción resultantes, por lo que dichos ataques son desproporcionados».
Al tiempo, la Comisión estimó que «las fuerzas de seguridad israelíes conocían o deberían haber conocido la ubicación y la importancia de lugares culturales destacados de Gaza y tendrían que haber planificado sus operaciones militares con el objetivo de evitar daños. La Comisión determinó, en relación con todos los lugares culturales investigados, que las fuerzas de seguridad israelíes no tuvieron especial cuidado en evitar daños y proteger dichos lugares y su contenido».
«En la mayoría de los casos investigados por la Comisión, en particular los relativos a demoliciones con explosivos y excavadoras, las fuerzas de seguridad israelíes cometieron crímenes de guerra, entre ellos, a) dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos, b) lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causaría daños a objetos civiles que serian manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se preveía, c) provocar una destrucción de bienes del enemigo sin una justificación que hiciera necesaria dicha destrucción».
La Comisión investigó «3 ataques a sitios religiosos en Gaza, que servían de lugares de oración y refugio para desplazados internos: la iglesia de San Porfirio, la mezquita Ihya al-Sunna y la mezquita de Saad al-Ghafari», ocasionando «más de 200 víctimas mortales, entre ellas muchas mujeres y niños». La ONU valora que «las fuerzas de seguridad israelíes causaron intencionalmente daños desproporcionados, habiendo civiles en esos edificios, y de que era probable» murieran palestinos, incurriendo en un «crimen de guerra de homicidio intencional».
Para la Comisión estos ataques contra una iglesia y mezquitas, habrían sido «consecuencia de daños colaterales debidos probablemente a un error de puntería», desechando utilizar «métodos de guerra que tuvieran en cuenta la proximidad de la Iglesia al objetivo previsto y el riesgo que corrían los civiles que se refugiaban en su interior … llegando a la conclusión que Israel es responsable de perpetrar un crimen de guerra … debiendo prever de que causaría daños a civiles que serian claramente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se preveía», ejecutando «el crimen de lesa humanidad de exterminio».
En este marco la Comisión caratuló «que las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes con el pretexto de realizar «excavaciones de rescate» que dan lugar a la creación de atracciones turísticas son ilegales en virtud de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado», siendo “actividades ilegales de asentamiento en flagrante desafío al derecho internacional humanitario y contrarias a múltiples resoluciones de la ONU y a la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia».
Por otra parte, la Comisión consideró que «la enmienda legislativa propuesta para transferir la responsabilidad de los yacimientos culturales y arqueológicos de la Ribera Occidental la Dirección de Arqueología de Israel constituye un claro acto de anexión ilegal», pues «la supresión de la historia y la explotación de la arqueología, así como las medidas supuestamente adoptadas para salvaguardar los yacimientos arqueológicos relacionados con el patrimonio judío en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, enmascaran un programa subyacente de expansión de asentamientos y anexión ilegal».
La Comisión denunció «las frecuentes incursiones militarizadas y otras acciones destinadas a provocar y hostigar a fieles y figuras religiosas en Al-Haram al-Sharif/Monte del Templo, en Jerusalem Oriental, dando lugar a graves restricciones de la libertad religiosa y, en varias ocasiones, han desencadenado conflictos más amplios. Aunque algunas acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en dicho lugar pueden haber estado vinculadas a justificaciones de seguridad, estas deben considerarse en el contexto más amplio de la ocupación ilegal, la actividad de los asentamientos, el apoyo a los colonos y la erosión del status quo». Por ello los expertos estiman que «muchos de estos actos constituyen la obligación de la Potencia ocupante de respetar los lugares religiosos situados en territorio ocupado y de proteger las convicciones y prácticas religiosas, así como lo usos y costumbres de las personas protegidas».
La Comisión reiteró «su honda preocupación por las declaraciones de políticos israelíes que descartan la existencia del pueblo palestino». Señaló «en consecuencia que la conducta de las autoridades israelíes en relación con los lugares culturales y religiosos en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida la destrucción de lugares en Gaza, es indicativa de una intención de marginar las reivindicaciones territoriales palestinas, impedir la práctica comunitaria de la religión y borrar las pruebas de la historia y la cultura palestinas».
La Comisión puso por consiguiente en evidencia, que de tal manera «colectivamente esto socava la identidad de los palestinos como pueblo y su supervivencia como tal», afirmando «que, si bien la destrucción de bienes culturales, incluidas las instalaciones educativas, no es en sí misma un acto genocida, las pruebas de tal conducta pueden, no obstante, respaldar la hipótesis de que exista intención de cometer genocidio a fin de destruir a un grupo protegido».
En consecuencia, la Comisión denuncia que «la destrucción física de Gaza, el desmantelamiento de sus sistema educativo y los ataques contra lugares de interés cultural religioso y cultural en el Territorio Palestino Ocupado, no solo afectan en general a los palestinos en la actualidad, sino que también ponen en peligro el futuro del pueblo palestino, incluido su derecho a la libre determinación». Recuerda al respecto, que la Corte Internacional de Justicia de la ONU dio por probado en 2024 que Israel «había aplicado políticas ilegales y había privado -y seguía privando- al pueblo palestino de su derecho a la libre determinación al obstaculizar el desarrollo económico, social e intelectual, así como la preservación cultural».
La Comisión finaliza su informe alertando a la comunidad internacional que «el ataque y la destrucciones de sitios patrimoniales, la limitación del acceso a estos sitios y el borrado de su heterogénea historia erosionan los lazos históricos de los palestinos con la tierra y debilitan su identidad colectiva. Estas prácticas, combinadas con la continua expansión del los asentamientos, violan el derecho los palestinos a la libre determinación y disminuyen las perspectivas de que se establezca un Estado palestino viable».
