Por Alessia Genoves

92% de la población salvadoreña apoya las “medidas tomadas por el Régimen de Excepción”. Ésta valoración es citada de los resultados la última encuesta publicada por la empresa de opinión pública, Cid Gallup. El resultado responde a hechos tales, como la reducción en el 79% de los homicidios desde el año 2019 al cierre del 2022, última fecha que sólo reportaría 495 homicidios intencionados; última circunstancia que fue consecuente de 62,672 personas, acusadas y condenadas de pertenecer a maras y pandillas.

Riesgos a una posible aprehensión irregular, y vulneración a derechos humanos, no obstante, reducen las expectativas de la población. Hechos tales pueden enumerarse entre las 5,840 denuncias sobre presuntas infracciones a los derechos humanos, documentadas por organizaciones como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho. La opinión popular, en competencia, la rinde la última encuesta del Instituto de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, titulada “Encuesta del primer año de implementación del Régimen de Excepción” donde la calificación de la política de seguridad pública fue del 7.92.

Sin o con Régimen de Excepción, las controversias existen. En el primer punto, Iudop expone que la principal preocupación de que ya no siguiera vigente la política es que “vuelvan/se reorganicen/salgan de prisión los pandilleros”, de acuerdo con el 45.5% de la población. Lo cierto es que la vigencia del Régimen de Excepción se ha dado a raíz de 12 prórrogas al Decreto N.º 333, que parte de un Principio de Ponderación de Derechos, en el que prima el Derecho Humano a la Vida, por encima de las garantías constitucionales que delaten o imposibiliten la detención de maras o pandillas.

A favor del Régimen

92% de salvadoreños están a favor del Régimen, tal y como lo destaca Cid Gallup. Ésta respuesta es coherente con la percepción de la violencia, en el último quinquenio. Desde, desde el año 2019, un 24% de la población planteaba que era el mayor problema del país, al resultar un 24% de ésta impactada como víctima de la delincuencia. Las cifras actuales establecen que sólo un 1% de población plantearía la violencia como la principal preocupación; mientras que otro 7% se identificaría como víctima de la delincuencia.

Iudop, por otra parte, identifica que la percepción de la violencia como el tema de mayor preocupación, transita desde el 35.4%, desde junio de 202, al 2.3% en marzo de 2023. Los principales logros se enumeran, en que “mejoró la seguridad/que hay tranquilidad”, según el 27.7%; en que “ya no se ven pandilleros”, según el 17.5% y en que ha habido una “reducción de la delincuencia”, según el 17.4%. También se enumeran respuestas tales como “que se puede transitar libremente en cualquier lugar”, según el 14.6% y “el encarcelamiento de pandilleros”, según el 10.1%.

84% de la población considera que El Salvador transita en el rumbo correcto. Ésta “parece estar en la labor que ha realizado en brindar seguridad a sus ciudadanos, área en el que casi la totalidad de la población menciona que su desempeño ha sido positivo”, según lo indica Cid Gallup en su encuesta. Éste resultado contrastaría con el 23% de la población que dio la misma respuesta durante la administración del ex-presidente -el predecesor- Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Hechos concretos pueden enumerarse desde las cifras acumuladas de homicidios reportados durante los dos quinquenios, de referencia. ContraPunto identifica, desde los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), que sólo durante los 3 años y medio de la administración de Bukele, el número acumulado era de 4,021 homicidios intencionados; mientras que en el mismo período de la administración de Sánchez Cerén, la cantidad era superior en un 77.7%, al cuantificarse en 18,085 homicidios.

Bukele ha consignado el PCT y el Régimen de Excepción como las medidas de seguridad pública más emblemáticas. Los resultados también se observarían en la percepción de seguridad, que se cifra en un 85.7% de la población; mientras que un 10.3% opinaría que el país no sería “ni seguro ni inseguro”. De acuerdo con la encuesta de la Iudop, el nivel de temor al Régimen es nulo, en un 67%; la satisfacción del mismo es del 95.5% y la población que dice sentirse beneficiada es del 79.3

Iudop también identifica que durante el año transcurrido del Régimen de Excepción, la confianza de la las instituciones públicas ha ido incrementando. La Fuerza Armada pasó de tener el 72.2% de la confianza popular, al 80.3%; la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al 76.3% mientras que la Presidencia de la República acumuló el 76% de confianza., Asimismo, la Asamblea Legislativa acumuló el 69.2% de confianza y la Corte Suprema de Justicia el 62.2%. En última instancia, es el presidente Bukele quien acumula un nivel de confianza del 63.4%

Contra el Régimen

4% de la población ha manifestado sentirse insegura durante el Régimen; y un promedio del 10% declaró haberse sentido afectada por la suspensión de garantías constitucionales. Cabe destacar que Iudop enumera 5 de la garantías constitucionales inicialmente suspendidas durante el Régimen, cuando las prórrogas actuales al Decreto N.º 333 establecen la suspensión de 3: a la “inviolabilidad a la correspondencia” (art. 24, inc. 2, Cn), el derecho a ser informado en el momento de la detención (Art. 12, inc. 2, Cn), la detención un período de 15 días (art. 13, inc. 2 Cn)”.

Iudop también identifica que los servicios de denuncias anónimas también abren la puerta a que que “pueda estar siendo utilizada para detener a personas inocentes”, en una proporción del 49%; más allá de identificar a miembros de maras o pandillas, según el 17.7% y el 29.3%. El nivel de confianza a las autoridades es menor, bajo la expectativa de buscar aclarar la situación jurídica del imputado. El 37.2% opina que es nulo, en la Policía; el 27% opina lo mismo sobre la FGR y el 25.6% en las autoridades del Órgano Judicial.

270 personas, de una muestra de 1,200 participantes, expresaron estar en contra de que “El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina”. La proporción más importante es la del 40.7%, que opina que “aún hay delincuencia/violencia/inseguridad/persiste el crimen/delitos en las calles”. Otro 15.9% acierta en afirmar que “todavía hay pandilleros”, una realidad que se confirma de un estimado de 13,958 pandilleros en libertad, del estimado de lo 76,600 existentes antes de la institución del Régimen de Excepción.