Redacción ContraPunto
Ernesto Muyshondt García-Prieto es sometido a juicio por un presunto hecho de corrupción que le implica en el impago de prestaciones laborales, por un monto de $5,217,129.47 USD. La acusaciones penales se ventilan en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, donde la Fiscalía General de la República (FGR) establece imputaciones en contra de su ex-tesorero Fernando Heriberto Portillo Linares y el exempleado Santos Omar Muñoz. Se ventilan las pruebas de cargo, para sostener su participación en la comisión de delitos de “incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales”.
FGR les acusa de haber retenido ilegalmente el monto de los $5,217,129.47 USD, en cuotas previsionales de la comuna capitalina entre enero de 2019 y marzo de 2021. Algunos de los elementos de cargo, sin embargo, ya se había ventilado inicialmente en el Juzgado de Paz, sin embargo, la institución fiscal indica que los elementos de prueba aún deben ser procesado. “FGR presentará todos los medios probatorios que se poseen para, primero, acreditar la comisión de los hechos delictivos y la participación de los imputados en el mismo”, indicó a la prensa la representación fiscal.
Denuncias de los trabajadores
Ernesto Muyshondt enfrenta cargos penales por incumplimiento de deberes, en calidad de autor mediato. La FGR solicita 6 años de prisión por éste delito. El ex Tesorero Municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, es procesado como autor directo por apropiación y retención de cuotas laborales. La FGR pide 8 años de cárcel.
45 extrabajadores de la comuna alegan despidos injustificados y no pago de prestaciones. Presentaron 41 demandas ante el Juzgado de Paz y 4 más en el Juzgado Octavo de Instrucción. Reclaman el pago de $5,2 millones USD en concepto de cuotas laborales retenidas. Los expedientes del Centro de Documentación de la Corte Suprema de Justicia (CJS), sin embargo, no especifican el monto total exigido. Pero el juez debe considerar el número y cuantía de cuotas retenidas al dictar sentencia, según el Código Penal.
En los procesos figuran más miembros del Concejo Municipal. Entre ellos la síndica Gloria Margarita Calderón de Oñate y los propietarios José Francisco Rivera, Miguel Antonio Azucena, German Alejandro Muñoz, Arlyn Celia Idayari Rivas y Luis Eduardo Quiñonez. También se menciona a Georgina Michelle Linares, René Oswaldo Ayala, Celio Vidal Sibrian, Gabriel Marisol Vásquez, Rodolfo Armando Pérez, Edgar Javier Castillo y Yesenia Xiomara Hernández. Pero solo Muyshondt y Portillo están imputados penalmente hasta ahora.
Proceso
FGR ubica la comisión de los ilícitos entre el 1 de octubre 2019 y el 30 de septiembre 2020. Los presupuestos municipales muestran un incremento en las remuneraciones de $5,6 millones entre 2019 y 2020. Esto contradice la acusación fiscal sobre la retención de fondos a empleados. No obstante, algunas unidades sí redujeron su presupuesto de salarios. El Centro de Formación Laboral bajó de $399,880.96 USD en 2019 a $399,370.14 USD en 2020. Pero el Comité de Fiestas aumentó de $151,450.34 USD a $191,848.12 USD, aún durante la emergencia nacional por COVID-19 desde marzo 2020.
Muyshondt afirma ser un preso político. Ya pagó $275,145.31 USD para ser absuelto por apropiación indebida de retenciones fiscales a empleados. Pero aún enfrenta cargos por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La FGR pide 14 años de cárcel en total. Muyshondt insiste en su inocencia y acusa una persecución del gobierno.
Entretanto, en su calidad de ex-alcalde e imputado, enfrenta cargos penales por el supuesto delito de Incumplimiento de Deberes en calidad de autor mediato. En el caso del exalcalde capitalino, la Fiscalía General de la República ha solicitado la pena máxima de 6 años de prisión por este delito.
Según establece el artículo 321 del Código Penal, “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
Por su parte, el ex Tesorero Municipal de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, es procesado como supuesto autor directo de los delitos de Apropiación y Retención de Cuotas Laborales. Por estos supuestos delitos, la Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 8 años de prisión para el señor Portillo Linares.
De acuerdo al artículo 245 del Código Penal, “el patrono, empleador, pagador institucional, o cualquier otra persona responsable de la retención, que se apropiare o que retuviere ilegalmente fondos, contribuciones, cotizaciones, cuotas de amortización de prestamos de los trabajadores o cuentas destinadas legalmente al Estado, instituciones de crédito o bancarias, intermediarios financieros bancarios o no bancarios, o instituciones de asistencia social, seguridad social o sindical; o no los ingrese en tales instituciones en el plazo y monto determinado en la ley, en el contrato correspondiente o en la orden de descuento, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.
