Por Alessia Genoves
$25,000,000.00 USD designan al presupuesto del “servicio de alimentación de privados de libertad”. El nuevo financiamiento corresponde a una re-asignación de los fondos establecidos en el Presupuesto General de la Nación; específicamente, el Dictamen Favorable No. 257 detalla que el origen de los fondos es el Ramo de Hacienda y que su finalidad es el Ramo de Justicia y Seguridad Pública. Las motivaciones legislativas nacen, asimismo, de la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas para una población penitenciaria que se aproxima a las 65,000 personas detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y a una cifra acumulada de 101,795 detenidos.
66 votos a favor han dado lugar a la aprobación del Dictamen de Hacienda y Especial del Presupuesto. El evento parlamentario tuvo lugar en la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 112, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. La nueva disposición presupuestaria elevaría el presupuesto inicial, que era de $588,169,594.00 USD, a los $613,169,594.00 USD. ComtraPunto observa que en el proceso electoral no hubo votos en contra ni abstenciones, y tampoco hubo objeciones tanto en el Pleno como en la Comisión; pese a que políticas de seguridad como el Régimen y el Plan Control Territorial (PCT) han sido motivo de objeción y de protesta en el Pleno; así como materia de denuncia para organizaciones sociales.
#Plenaria112✍🏻 Con 66 votos a favor, reformamos la Ley de Presupuesto 2023, a fin de orientar recursos a @SeguridadSV para garantizar el adecuado funcionamiento de @PenalesSV. pic.twitter.com/0Tt0wfOykw
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 27, 2023
Alimento para los presos
“Financiar el servicio de alimentación de privados de libertad” es la finalidad que persigue el referido Dictamen Favorable N.º 257. Como se ha informado, la nueva disposición presupuestaria nace de una redistribución de recursos de la Ley del Presupuesto 2023, para transferir $25,000,000.00 USD desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), por lo que éste último incrementará sus haberes a los $613,169,594.00 USD.
Detalla el referido Dictamen que la unidad presupuestaria que se verá alterada corresponde a la enumerada en la “07 Administración del Sistema Penitenciario”, cifrada en las siglas “2023-2400-2-07-01-21-1”, del Fondo General, en la línea de trabajo de “Reclusión y Rehabilitación”. ContraPunto observa, del Presupuesto General, que el numeral 07 mencionado ya contaba con un monto de $57,551,904.00 USD.
Sin embargo, es necesario detallar que el presupuesto establecido corresponde al de los Gastos Corrientes, en las Adquisiciones de Bienes y Servicios, que contaba inicialmente con un monto de $15,124,404.00 USD. Ello implicaría que el MJSP contará, para dicho rubro, con un monto total de $40,124,404.00 USD, para el cumplimiento de la referida finalidad, la de sustentar las necesidades alimenticias básicas de la población penitenciaria. Sin embargo, ContraPunto no observa detalles pormenorizados para la administración de los fondos.
Controversias del Régimen
153 muertes en centros penales identifica la Fundación Cristosal, en su “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”. La organización, sin embargo, declararía que 25 de los decesos fueron “naturales”, y que en al menos 39 de los casos “no hay datos”. Dio a conocer, además, la identidad de las personas que perdieron la vida, presumiendo que algunas de ellas habrían sido causadas por la violencia infringida por agentes de seguridad o por los mismos reos, de entre los que también se identificarían pandilleros y delincuentes comunes.
ContraPunto observa que en el referido informe no se detallan causas de muertes por inanición; es decir, por la privación de alimentos. Sin embargo, en el informe se detalla que “cinco de los casos la causa de muerte confirmada fue desnutrición y anemia severa”. Por su parte, el titular del MSJP, Gustavo Villatoro sostenía, ante la prensa, que algunos de los decesos se debían a enfermedades previas, y al estado de salud que los reclusos ya habrían presentado durante su detención. Rodolfo Delgado, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, sostendría que al menos 142 casos de las muertes identificadas al interior de lo centros penales “serán archivadas”, en razón a que “no existe delito qué perseguir”.
Delgado añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”.
