jueves, 6 febrero 2025

15° Régimen de Excepción. Archivan 142 muertes en cárcel

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Por Alessia Genoves


15° Prórroga al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales se aprueba en la Asamblea Legislativa. La nueva prórroga de la política nacional responde a la restricción temporal de los derechos constitucionales de “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C),  la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn). Han transcurrido 14 meses desde la vigencia de la aplicación de la política.

70,000 es la cifra aproximada de personas que han sido detenidas durante la vigencia del Régimen. No obstante, el titular del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, indicó que al menos 5,000 personas habrían sido liberadas, tras haber sido beneficiadas con el sobreseimiento de las imputaciones que justificaban su detención. La diferencia aritmética resulta en unos 65,000 fareros detenidos. Por otra parte, organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación delDerecho (Fespad) y la Fundación Cristosal enumeran unas 4,077 denuncias  obre presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

385 días sin homicidios intencionados enumera la Policía Nacional Civil (PNC) en sus registros oficiales, divulgados de forma periódica. Unos 10 días sin homicidios intencionados han sido identificados en los primeros 12 días transcurridos del mes de junio; siendo uno de los meses con menor registro de hechos de sangre identificados al corto plazo. Sin embargo, la Fundación Cristosal identificó en su informe titulado “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”, al menos 153 muertes en cárcel; entre los casos relacionados, el titular de la Fiscalía General de la Republica (FGR), Rodolfo Delgado, ordenó el archivo de 142 denuncias por muertes registrada, argumentando que “no existe delito qué perseguir”: 

Prórroga y homicidios intencinoados

67 votos a favor han dado lugar a la aprobación de la propuesta, para la aprobación de la última prórroga del Régimen de Excepción. La votación fue celebrada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, par tener vigencia desde el 16 de junio de 2023, al 15 de julio de 2023. La nueva propuesta se ventiló en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 110 de éste martes, para consignar la discusión de la Pieza de Correspondencia 3-A, que se encuentra registrada en el Archivo Legislativo. 

30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. 

385 días sin homicidios intencionados se aproximan en menos de años transcurridos de la administración quinquenal del presidente Nayib Bukele. El dato lo constatan los informes periódicos divulgados por lavPNC. Desde luego, el volumen de datos es disperso; y autoridades como el titular del Ministerio de la Defensa, Francis Merino Monroy, han hecho notable en sus balances estadísticos que en todo el año han habido períodos semanales exclusivos sin homicidios; en contraste de aquellos que sí han reportado homicidios.

67 homicidios intencionales, sin embargo, se cuantifican desde el 1 de enero al 14 de junio del año 2023.  Ésta cifra identifica, también, al agente de la PNC asesinado  ésta tarde; pero que, sin embargo, es inferior respecto de los 365 homicidios registrados en el mismo período del mimo período del año anterior, estableciendo un margen del -81.6%.

Hechos concretos pueden enumerarse desde las cifras acumuladas de homicidios reportados durante los dos quinquenios, de referencia. ContraPunto identifica, desde los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), que sólo durante los 3 años y medio de la administración de Bukele, el número acumulado era de 4,021 homicidios intencionados; mientras que en el mismo período de la administración de Sánchez Cerén, la cantidad era superior en un 77.7%, al cuantificarse en 18,085 homicidios.

Denuncias y 142 casos de muertes archivados

153 muertes en centros penales identifica la Fundación Cristosal, en su último balance anual del Régimen de Excepción. La organización, sin embargo, declararía que 25 de los decesos fueron “naturales”, y que en al menos 39 de los casos “no hay datos”. Dio a conocer, además, la identidad de las personas que perdieron la vida, presumiendo que algunas de ellas habrían sido causadas por la violencia infringida por agentes de seguridad o por los mismos reos, de entre los que también se identificarían pandilleros y delincuentes comunes. 

Rodolfo Delgado, sin embargo, que al menos 142 casos de las muertes identificadas al interior de lo centros penales “serán archivadas”, en razón a que “no existe delito qué perseguir”. Al respecto, añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”.. 

ContraPunto observa que buena parte de las fuentes adquiridas por Cristosal no responden, precisamente, a las actas de defunción oficial; sino, más bien, a los hechos registrados por la prensa. Y, desde luego, varios de ellos no han sido contrastados por el IML. También añade que “”De acuerdo a nuestras investigaciones, hemos comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”.

Socorro Jurídico también ha asegurado, hasta la fecha, que habrían más de “200 muertes de INOCENTES en Centro Penales”, y que el “92% de éstas personas no estaban perfiladas como pandilleros”. Sin embargo, el Instituto de Derechos Humanos (IDH) de la Universidad Centoamericana “José Simeón Cañas” (UCA) -el mismo que cita las denuncias de las primeras organizaciones mencionadas-, indica que hasta el mes de marzo, en el contexto del Régimen, habrían hasta 111 personas muertas en el Régimen. Sin embargo, la fuente de consulta responde a publicaciones de periódicos, algunos de ellos que resultan de la cita de organizaciones como Cristosal, Fespad y el Spass; y que no siempre da lugar a contrastes con las cifras del Instituto de Medicina Legal (IML). 

DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.

90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.

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