Por Alessia Genoves
$167,4 millones USD se acumulan en deuda municipal, desde 2018. El dato lo divulgó el presidente de la Corte de Cuenta de la República (CCR), Roberto Antonio Anzora, en la última discusión con los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, para discutir la viabilidad de la aprobación del proyecto de Ley Especial para la Reestructuración Municipal que persigue, elementalmente, reducir a 44 las alcaldías municipales, y establecer 262 distritos municipales.
62 votos a favor han dado lugar al trámite de la propuesta de ley, que fue entregada por el titular del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegain. La propuesta que continúa siendo discutida por representantes municipales y de la Corte de Cuentas de la República (CCR). En su contenido, se busca reformar la Ley Única del Régimen Político del país; sin perjuicio de las leyes secundarias, como la Ley Reguladora del Endeudamiento Público municipal, la Ley Tributaria Municipal y la Ley Transitoria para el Estado Familiar.
ContraPunto ha tenido acceso a los últimos informes de Transparencia Fiscal, en la que el registro de la deuda municipal se acumula en más de $602,165,9 mil USD hasta el cierre del año fiscal 2021. Desde luego, el informe está desactualizado, y contrasta con los datos del reciente informe de “Patrimonio Cuestionado del Sector Municipal” de la CCR, vigente hasta el cierre del año fiscal 2022. El monto específico del dinero cuestionado responde a $167,627,631.91 USD.
Deuda municipal
$6,907.68 millones USD se acumulan en la Deuda Interna del país; y otros $17,898 millones USD se acumulan de la Deuda del Gobierno Central, de acuerdo con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec). Por otra parte, la CCR detalla que el patrimonio cuestionado en los bienes municipales es mayor, en comparación, llegando a los $167,627,631.91 USD; mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) encontraría 45 presuntas irregularidades por un monto de $35,167,627.60 USD.
Desde luego, el monto señalado por la CCR supera el reistro estimado de la Deuda Interna, y a los hallazgos de la FGR. Entonces, ¿a qué responde el señalamiento de la CCR?. Anzora detalló en la Comisión Política que algunos de los fondos cuestionados responden a irregularidades encontradas desde los reportes de “auditoría financiera, auditoría de gestión y exámenes especiales”, que incluye aquellos períodos de gestión, en los que estuvo vigente la alerta nacional sanitaria por la Pandemia Global del Covid19. Otro factor se añade a la mora fiscal, que involucra a las municipalidades por no rendir sus informes financieros en el tiempo establecido.
ContraPunto observa que el informe premiliminar -de las estimaciones por irregularidades- corresponde a las observaciones de la CCR sobre las alcaldías que gobernaron “del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015; del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018; del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021”: De modo que desde el año 2018, al término del año fiscal, el monto acumulado en irregularidades era de $23.505,948.33 USD; mientras que en el año 2019, el monto de las irregularidades acumuladas era de $55,816,052.00 USD.
$15,276,862.70 USD responde a las irregularidades observadas durante el año 2020. Es necesario señalar que justamente en éste año se estableció la interrupción del Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes); y que, a su vez, es la menor respecto al resto de período señalados por la CCR. En adelante, otros $33,402,104.23 USD responden a las irregularidades encontradas en el período fiscal 2021; justamente, aquel en el que se decretó el recorte al 1.5% de las entregas del Fodes y aquel compartido entre el cierre del año de gobierno de la gestión de los gobiernos centrales anteriores, para dar apertura al actual.
$39,626,664.65 USD responden a las irregularidades del año fiscal 2022. En éste período, vale destacar, comenzaron a representar aquellas gestiones administrativas que representan a los gobiernos centrales actuales. Y se puede resaltar que tanto los gobernadores del anterior período de administración como los del actual; entre ellos, el ex-alcalde de San Salvador, Ernesto García Muyshondt (2018-2021); y de la alcaldesa del municipio de Soyapango, la Dra. Nercy Montano.
“Consideramos que el proyecto de ley encausa a los municipios a su verdadera razón de existencia, que es la atención de servicios eficientes y eficaces a la población”, es una de las recomendaciones que rindió el titular de la CCR en la Comisión. También añade la recomendación que reza: “En el artículo 5 inciso 4, ampliar incluyendo la obligatoriedad de los distritos que implementen controles internos adecuados al tamaño de su estructura y necesidad; así como facultar a la Corte de Cuentas de la República para que emita los instructivos y reglamentos correspondientes”.
Juicios emblemáticos
“Malversación de fondos, peculado, falsedad documental, incumplimiento de deberes”, son los delitos de corrupción que Anzora podría resumir, del informe preliminar que vio la luz éste viernes. ContraPunto observa que los delitos comunes podrían incluir casos particulares de corrupción, como aquellos que implicaron en corrupción a los ex-alcaldes de los municipios de Zacatecoluca y de San Rafael Obrajuelo (La Paz), Dr. Salvador Hirezi y Ricardo Amilcar (2018-2021) de cuya contabilidad se deducen irregularidades por más de $350,000.00 USD.
$5,2 millones USD responden a las irregularidades dinerarias asumidas durante la administración del ex-alcalde de San Salvador, Ernesto García Muyshondt. El cálculo de las irregularidades responde a las observaciones de la FGR, ventiladas ante el Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador, por la presunta retención de cuotas laborales contra 45 empleados municipales. Las acusaciones personifican a Muyshondt, a su ex-tesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, así como otros 12 empleados de la alcaldía municipal de San Salvador.
$387,042.00 USD implican a la ex-alcalde de Soyapango, Nercy Montano, en la comisión del delito de apropiación y retención de remuneraciones a los trabajadores de la comuna. La deducción del saldo faltante responde a las denuncias individuales interpuestas ante la FGR por parte de los empleados de la alcaldía; algunos de ellos también denuncian dispidos irregulares; siendo que el presupuesto de salarios de la comuna era de $18,463,786.81 USD.
Más corrupción
$167,5 millones de USD comprometen a varias de las 262 alcaldías municipales, implicadas en irregularidades. Pero el Ministerio de Hacienda deduce corrupción por $83,5 millones USD en sus hallazgos de irregularidades en 186 expedientes de auditorías, que responden a “gastos que no aplican a los destinos establecidos en el Decreto Legislativo 608 y gastos no documentados”.
Alejandro Zelaya tramitó las primeras denuncias desde el pasado 23 de enero de éste 2023. Para entonces, $9,5 millones de dólares ya formaban parte parte de los indicios de corrupción en 10 diferentes alcaldías del país. El informe ha sido divulgado a la prensa ésta mañana, por la Corte de Cuentas de la República (CCR). El material probatorio ha sido entregado a la FGR, con sede en Santa Elena (La Libertad), para procesar el requerimiento de investigación y judicialización.
$2,258,326.67 USD es el monto de presuntas irregularidades que la CCR observó en otras 8 alcaldías municipales. Se trata de la primera denuncia anunciada por la institución, que fue comunicada por su titular, Roberto Anzoram desde el pasado 11 de enero. El número de avisos sería respectivo al número de alcaldías; aunque el registro se trataría de uno diferente al de éste lunes 20 de enero.
“6 alcaldías de la zona occidental, 1 paracentral, 1 central y 1 del oriente” es el único detalla que la CCR ofrece, de forma pública. ContraPunto ha solicitado información pormenorizada sobre las alcaldías cuestionadas. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.
$3,307,036.46 USD forman parte del registro total de las inconsistencias, identificadas como aquellos Fondos para atender la pandemia por Covid19. Asimismo, la CCR informa que $2,097,474.04 forman parte del registro de las designaciones del Fodes; y otros $2,831,000.00 USD, de préstamos autorizados.
$711,782.88 USD, asimismo, es el monto deducido en los fondos propios de las alcaldías, también implicados en las irregularidades observadas por la CCR. Otros $19,755.88 USD formaban parte del presupuesto en proyectos; y otros $6,521.98 USD.“4 alcaldías de la zona occidental, 3 de la central y 1 del oriente del país” fueron los identificados, en los recursos tramitados a la FGR; otra vez, sin ampliar detalles de las alcaldías mismas. Calificó las observaciones como “posibles ilícitos en el uso de los recursos públicos”, en las municipalidades que tuvieron prescripción desde el 1 de enero del año 2016; al 30 de abril del año 2021.
“4 alcaldías de la zona occidental, 3 de la central y 1 del oriente del país” fueron los identificados, en los recursos tramitados a la FGR; otra vez, sin ampliar detalles de las alcaldías mismas. Calificó las observaciones como “posibles ilícitos en el uso de los recursos públicos”, en las municipalidades que tuvieron prescripción desde el 1 de enero del año 2016; al 30 de abril del año 2021.
$433,848.00 USD habrían formado parte del total de las irregularidades, identificadas como los otorgamientos por la Pandemia Covid-19 y Tormenta Amanda y Cristóbal. Asimismo, la CCR habría identificado otros $36,316.85 USD del Fodes designado; y otros $373,791.09 dólares USD de los fondos propios. Asimismo, observó irregularidades en préstamos, por un monto de $1,414,370.73 USD.
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