La violencia social que se vive en territorio salvadoreño generó que un total de 246 mil salvadoreños tuvieran que movilizarse a otros sectores durante 2018, según los datos revelados por la organización Servicio Social Pasionista.
Para la directora de Derechos Humanos de SSPAS, Verónica Reina, el desplazamiento forzado continúa siendo de los fenómenos más preocupantes que se tiene en el país, por lo tanto uno de los grandes retos es la creación de una legislación, que busque atender de raíz este fenómeno y que permita la atención a las víctimas.
Reina aseguró que esta situación golpea tanto a nivel psicológico, laboral, económico, familiar, porque los afectados se encuentran en una condición de plena desprotección.
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“Consideramos que el Estado salvadoreño debería de tener dentro de sus prioridades no solo reconocer el desplazamiento forzado, sino generar políticas nacionales y locales que permitan brindar una atención integral a las víctimas”, expresó.
Dijo que de las víctimas del desplazamiento forzado, un 35% está conformado por jóvenes y el 60%, de mujeres, la mayoría de los casos están vinculados a amenazas de muerte.
“Hemos identificado que la mayoría de las víctimas de desplazamiento son mujeres, buen porcentaje de jóvenes y adolescentes, y esto nos preocupa porque lo que pasa al momento que una persona es desplazada por situaciones de violencia es que se interrumpe su proyecto de vida, generalmente en su año escolar, dejan su trabajo, porque se van fuera del municipio y del país”, sostuvo.
Sin embargo, destacó que esta cifra se redujo a comparación de 2017, ya que en el mismo periodo 296 mil salvadoreños tuvieron que desplazarse a otros sectores para resguardar su vida.
Mientras que en 2019 se han documentado 146 casos de desplazamiento forzado interno y aseguran que al menos 450 personas fueron víctimas de la violencia que los obligó a buscar otro lugar de residencia.
