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viernes, 07 de mayo del 2021

VIDAS presenta histórica denuncia contra mandos de la guerrilla y Fuerza Armada

Para los familiares de las víctimas, esta medida busca ser la primera fase de un proceso que permita cerrar un amargo y doloroso ciclo de impunidad

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Con el aura de la esperanza de abrazar la justicia que se les ha negado por décadas, llegaron este viernes miembros de VIDAS- Víctimas Demandantes a la Fiscalía General de la República (FGR), para interponer una denuncia en contra de mandos de la guerrilla y Fuerza Armada por graves violaciones durante la Guerra Civil Salvadoreña, que se prolongó desde 1980 a 1992.

Para los familiares de las víctimas, la acción que busca ser la primera fase de un proceso que permita cerrar un amargo y doloroso ciclo de impunidad, sienta un precedente en la sociedad, porque se presentan casos de abusos como los cometidos por el mando guerrillero conocido como “Mayo” Sibrián o “El Carnicero de las FPL”, quien habría permitido y ordenado asesinatos contra civiles y hasta de sus propios compañeros.

Entre los crímenes que se le adjudicaron al comandante, fue el asesinato de 15 niños entre las edades de 12 a 17 años provenientes del volcán de San Vicente; además según un testimonio del comandante Goyo (Pablo Parada Andino), Sibrián habría ordenado ejecuciones de 300 combatientes y otros 306 civiles, esto de acuerdo a cifras que recibió de Sibrián.

Goyo aseguró que entre las cosas espantosas que vio, fue brutales interrogatorios a militantes que terminaban hasta con la fracturas de las extremidades de las víctimas.

Otro personaje sale a relucir en esta denuncia, es el líder exguerrillero y expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien es señalado de permitir crímenes en contra de gente inocente.

En total fueron interpuestas cinco las denuncias, en las cuales se encuentran contenidas siete víctimas de la Guerra, entre ellas, son cuatro acusaciones contra el FMLN guerrillero y tres contra las Fuerzas Armadas.

En este sentido, Benjamín Cuéllar, abogado y defensor de los derechos humanos, señaló que las organizaciones guerrilleras acusadas son las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

Estas serían dos de las cinco fuerzas insurgentes que se unieron en 1980 para fundar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó el país como partido de izquierda entre 2009 y 2019.

Familiares de víctimas brindan  nombres de posibles criminales de la guerra

Entre los familiares de víctimas de la guerra se encuentra Mario Romero, quien señaló que miembros de la Comisión Política de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) lideradas por Sánchez Cerén acabaron con la vida de su hermano.

 “Nosotros queremos, hoy, que la Fiscalía, seriamente le hacemos un llamado a que investigue y proceda judicialmente contra todos nuestros compañeros de las FPL, yo en lo personal me siento dañado porque primero torturaron y después asesinaron a mi hermano José Amílcar Romero, es tiempo que haya justicia”, dijo Romero.

Similar es el caso de Rosario Acosta quien perdió a su padre, Daniel Acosta, y su tío, Antonio Acosta; en  julio de 1980, en el municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán.

Según Acosta, quienes se llevaron a su padre eran Juan Alas y Antonio Alas, miembros de una escuadra de las FPL. Además, señaló que la actual diputada efemelenista, Nidia Díaz, tuvo conocimiento de este caso y ha guardado silencio.

“Venimos a denunciar hechos de violaciones a los derechos humanos que nuestros familiares sufrieron en el tiempo de la guerra tanto por el FMLN como por las Fuerzas Armadas de El Salvador. Tanto familiares de personas de la Fuerza Armada como del FMLN, fuimos víctimas de las mismas estructuras a las que las personas pertenecían”, aseveró  Acosta, quien agregó que su padre no estaba ligado a ninguna organización insurgente, sino que en ese tiempo ella estaba casada con un miembro de unas de estos comandos.

VEA TAMBIÉN: Denuncian a FMLN y Fuerza Armada por crímenes de lesa humanidad

Otra denunciante fue Esperanza Cortez que también perdió a sus hermanas de manos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y asegura “querer la verdad y tranquilidad”.

“Desaparecen a Sandra Margarita Ramos, era mi hermana y tenía 22 años, siete meses después desaparecen a Dora Alicia que estaba embarazada, se la llevaron y hasta no sabemos nada, ellas vivían aquí en San Salvador.  El ejército fue, mi papá presenció cómo los llegaron a sacar”, relató.

También fueron presentadas cinco denuncias por las desapariciones forzadas de Carlos Manuel Serrano, René Oswaldo Oviedo, José Amílcar Osuna y Antonio David Acosta.

Serrano fue desaparecido en abril de 1980 cuando viajaban al aeropuerto. Él era miembro del Bloque Popular Revolucionario (BPR), una de las organizaciones de masas de la entonces guerrilla.

Guerrilleros han sido denunciados en el pasado

En 8 de febrero de 2017, un colectivo social denunció a Sánchez Cerén, así como también otros insurgentes como Joaquín Villalobos, Francisco Jovel, Eduardo Sancho, Nidia Díaz, Ana Guadalupe Martínez, Jorge Meléndez, entre otros, fueron denunciados por estar involucrados en dos casos de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Uno de los casos es la masacre de cuatro marines estadounidenses en un restaurante de la Zona Rosa el 19 de junio de 1985; el segundo es el derribo de un helicóptero en el que viajaban tres militares de ese mismo país registrado el 2 de enero de 1991 en Lolotique, San Miguel.

Por el crimen de la Zona Rosa, el Informe de la Comisión de la Verdad señala como responsable del atentado al Comando Urbano Mardoqueo Cruz del extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y como ejecutores a Ismael Dimas Aguilar y José Roberto Salazar Mendoza así como también Manuel Melgar, que recientemente se desempeñó como secretario privado de la Presidencia.

La presentación de las denuncias las ha posibilitado la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que declaró ilegal la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que fue aprobada en el año 1993.

VEA TAMBIÉN: Video de Armando Durán, secuestrado y extorsionado por FMLN durante conflicto armado

Igualmente, desde 2010 la familia del intelelctual revolucionario Roque Dalton acudió a la justicia por su asesinato en 1975 a manos de la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyos sobrevivientes son Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez. La familia de la víctima también señaló a los ex presidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén por impunes, ya que en sus gobiernos (2009-2019) tuvieron "protegidos a los asesinos de Roque Dalton", en especial Meléndez (Jonás), como Secretario Presidencial para la Gobernabilidad y director de Protección Civil.

El "Caso Dalton" está en la Sala de lo Constitucional por una Demanda de Amparo que ha interpuesto la Familia Dalton -y que fue admitido- ante la denegación de justicia por parte de la institucionalidad del país. También el caso ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

VIDAS-Víctimas Demandantes en defensa de los desprotegidos 

VIDAS es una agrupación de víctimas de ambas partes en conflicto (de la FFAA y del FMLN), cuya identificación y unidad, consiste en que todas han demandado o están en proceso de hacerlo, a la justicia institucional por las vejaciones que sufrieron, ellos o sus familiares. Esta agrupación surgió en octubre del presente año.

"El 16 de octubre del año en curso, Pedro Martínez y Benjamín Cuéllar ‒integrantes de VIDAS‒ solicitaron a la Sala de lo Constitucional (SC) una segunda prórroga para que la Asamblea Legislativa (AL) emitiera la llamada Ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas. El 4 de diciembre se conoció la resolución de la primera concediéndole a la segunda un nuevo plazo para ello; este vence el 28 de febrero del 2020. Por si acaso la AL sigue neceando en no hacer bien su tarea, se agrega en la resolución que debe elaborarla según los parámetros establecidos en la sentencia del 13 de julio del 2016 ‒la que sepultó la amnistía aprobada en 1993‒ y cumpliendo las resoluciones de seguimiento a la misma", indican los miembros de VIDAS.

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