La organización VIDAS-Víctimas Demandantes solicitó al presidente de la República, Nayib Bukele, que se conozcan los archivos de la Comisión de la Verdad, que están en manos de las Naciones Unidas (ONU) y que detallan más de 30 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto armado, con la finalidad de que se entreguen al Ministerio Público para que los casos sirvan de base para iniciar procesos judiciales que lleven a la verdad, al castigo de los victimarios, a la reparación para las víctimas y para establecer garantías de no repetición.
El periódico digital El Faro reveló que la Presidencia de la República notificó a un tribunal penal la ausencia de los registros militares sobre la masacre de El Mozote, ejecutada entre el 10 al 12 de diciembre de 1981. Un tribunal de San Francisco Gotera, de Morazán, al oriente de El Salvador, se encuentra procesando a un grupo de oficiales por la masacre de El Mozote que culminó con la matanza de unos 1.000 campesinos, en su mayoría menores de edad y mujeres.
En el contenido del comunicado de VIDAS se puede leer que la Fuerza Armada se empeña en recalcar que no cuenta con ninguna información sobre los operativos militares de dicha masacre.
El Faro agregó que la información que obtuvo, indica que 42 dependencias de la institución castrense dicen no contar con información relativa a los operativos militares realizados entre 1980 y 1982.
Ante esta situación, los miembros de VIDAS mostraron su descontento ya que consideran que mucha documentación valiosa de la época fue expurgada, es decir, limpiaron los archivos para sacar los “inconvenientes”.
“Estamos ‒aseveró el presidente Bukele‒ porque se conozca la verdad en todo su espectro. De la A a la Z […] Si hay algún archivo que desclasificar […] pues, evidentemente lo vamos a hacer”, dice un extracto del comunicado.
Por lo tanto, VIDAS solicitó al presidente Bukele que pida el expediente del caso de los dirigentes del FDR que se encuentra en poder de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); también los de los otros casos 31 casos incluidos en el informe público de la Comisión de la Verdad, para luego entregarlos al Ministerio Público para que este tenga información necesaria y suficiente en aras de investigar, establecer la verdad sobre los hechos, castigar a los victimarios y reparar el daño causado a sus víctimas.
Además, recordaron que hace 39 años se registró el secuestró de Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Humberto Mendoza, Doroteo Hernández y Manuel Franco. Todos aparecieron asesinados, espantosamente torturados, al final del día. Desde entonces, la viuda del último reclama justicia por él y sus cinco compañeros del Frente Democrático Revolucionario (FDR). En su informe público de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad aseguró que la responsabilidad de los hechos se la atribuyó “la Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez”. De “las evidencias recogidas” quedaba claro “que la acción estuvo dirigida a detener a los dirigentes”.
La “Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores”; “la hora, el lugar, la cantidad de efectivos, los equipos de radio, el armamento y los uniformes utilizados, la jerga y la cadena de mando, la retirada del personal sin problema alguno, así como la falta de investigación adecuada por parte de los mismos cuerpos de seguridad, demuestran hasta donde estuvieron involucrados”. También aseguró contar con “información confiable de que la orden final de ejecución fue consultada al más alto nivel de sectores de la derecha”. Esas bestialidades no se esclarecieron; archivaron el expediente judicial en octubre de 1982. El Estado fue y sigue siendo responsable por acción y omisión al realizar la masacre, no investigar y negarse a abrir los archivos militares de la época.
Lea comunicado de Vidas-Víctimas Demandantes:
Organización Vidas- Víctimas Demandantes
Personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos cometidos por la Fuerza Armada y la guerrilla antes o durante el conflicto armado salvadoreño, crearon en octubre el proyecto VIDAS-Víctimas Demandantes.
De acuerdo a este sector de la población, la iniciativa surge con el objetivo de llevar ante los tribunales estos miles de casos, para que se les dé una cumplida justicia a las víctimas que resultaron durante este periodo.
En este sentido, aseguraron que es necesario condenar los crímenes de guerra para que los victimarios paguen por las acciones que cometieron.
Entre los casos figuran el del poeta salvadoreño, Roque Dalton, quien habría sido asesinado hace cuatro décadas por Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos han sido mencionados con frecuencia como los responsables materiales de la muerte del poeta.
De igual forma el caso de Enrique Álvarez, Juan Chacón, Enrique Escobar, Humberto Mendoza, Doroteo Hernández y Manuel Franco quienes fueron espantosamente torturados. Desde entonces, la viuda del último reclama justicia por él y sus cinco compañeros del Frente Democrático Revolucionario (FDR).
