Los Diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa aprobaron un dictamen para que el Decreto de reducción del 50% de las cuotas de los estudiantes de las universidades privadas pasara a la plenaria y fuera aprobado. Este Decreto define que este 50% de descuento lo deberá asumir el gobierno a través del Ramo de Educación. Pero hay dos preguntas esenciales que determinan lo financiero: ¿A cuántos estudiantes se beneficiará? y ¿por cuánto tiempo?
Vamos con los datos (DNES, 2019):
Estudiantes del sector privado 125,920 (71.44%de la población); promedio anual del costo US$ 796.45; al realizar esta primera operación: 125,920 * US$ 7796.45 = US$ 100,288,984 subsidio total. Pero el Decreto señala que es el 50% US$ 50,144,492
Pero no sabemos ni a cuántos estudiantes ni por cuántos meses. Por ejemplo, el “costo mes” de ese 50% calculado podría ser US$ 4,178,707.67; y, por ejemplo, el 10% de la población implicaría US$ 5,014,492. Pero esto es un supuesto, una hipótesis. Pero insistimos, no sabemos cuánto tiempo ni a cuántos estudiantes se aplicaría ese 50% de descuento.
Entonces ¿en base a qué datos diseñaron el decreto los Diputados? Seguramente en base a ninguno, posiblemente se diseñó con criterio político y electoral. ¿Sabrán los Diputados si el Ministerio de Educación dispone de fondos para una medida cómo ésta? Hasta dónde sabemos por responsabilidad fiscal ya el Ministro de Hacienda manifestó que no hay dinero; y los fondos del presupuesto aprobado de rubro “socios estratégicos” ascienden a US$ 9,660,000 (parte ya comprometida o gastada).
Así, iniciamos el típico camino, se aprueba el Decreto en la plenaria para introducir más presión fiscal al gobierno aprovechándose de una necesidad; luego el Presidente lo Veta, no hay recursos; posteriormente los Diputados superan el veto; luego se pide intervención en la Sala de lo Constitucional y, por último, se decreta inconstitucional por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Mientras tanto Universidades y estudiantes agobiados; no es justo, no es lógico.
El camino es otro: 1) A las universidades les interesa retener su matrícula, son su principal fuente de financiamiento –matrículas y cuotas-; 2) A los estudiantes les interesa seguir estudiando, y algunos no pueden costear todo lo requerido; y 3) Cada sector estudiantil debe llegar a un acuerdo serio y sostenible con su institución a través de las autoridades para buscar una herramienta de mutuo beneficio: medias becas, descuentos, etc.
Sepamos que hay un drama tras esto: en primer lugar, perdemos 6 de cada 10 estudiantes de básica a media, los graduados de bachillerato apenas son el 40% de la matricula esperada; en segundo lugar, la matricula del nivel terciario es de 24%, es decir, seguimos perdiendo estudiantes; y en tercer lugar, debido a burocracias curriculares, pre-requisitos y asuntos laborales se termina graduando el 10%. ¿Es drama o no…?
Hay otros problemas que resolver, en materia de calidad, eficiencia, educación online, conectividad, modelos educativos on line, uso de plataformas o alfabetización digital de los docentes, entre otros. Es lo que viene, el futuro inmediato de una sociedad desescolarizada sin presencialidad.
Hagamos las cosas mejor; utilicemos información y datos; menos politiquería y electorerismo; menos desgaste, tensiones y antagonismos; seamos un poco más razonables. No queremos ver universidades “quebradas” ni estudiantes “angustiados”. Hagamos mejor las cosas, nos merecemos mejores Decretos…
(*) Esta columna fue hecha en conjunto entre Oscar Picardo Joao y Jeser Candray (colaborador matemático)
