Por Alonso Rosales
El 12 de febrero de 2026, la Administración del presidente Donald Trump consumó una de las acciones más radicales contra la política ambiental de los últimos años: la revocación del denominado endangerment finding —el “dictamen de peligro” emitido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en 2009 durante el gobierno de Barack Obama
¿Qué era el “dictamen de peligro”?
Bajo el mandato del presidente Barack Obama, la EPA adoptó en 2009 una determinación científica fundamental: que seis gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono (CO₂) y el metano, ponen en peligro la salud pública y el bienestar del país, y por tanto entran en la categoría de contaminantes regulables según la Ley de Aire Limpio de 1970 (Clean Air Act).
Este dictamen —conocido formalmente como endangerment finding— no era una simple declaración científica: constituyó la base legal que permitió a la EPA regular las emisiones de gases de efecto invernadero desde vehículos, plantas de energía y otras fuentes contaminantes, y facilitó importantes reglas federales para reducir dichas emisiones.
La decisión de Trump: derogar la base legal del control de emisiones
La decisión de la Casa Blanca y la EPA encabezada por Lee Zeldin fue anunciar la revocación completa del endangerment finding, eliminando así la base legal sobre la cual se sustentan la mayoría de las normas federales de control climático en Estados Unidos.
Trump describió esta acción como “la mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, afirmando que las normativas anteriores dañaban la industria automovilística, elevaban costes para los consumidores y que no tenían una base legal sólida.
Según la propia EPA y la Casa Blanca, la medida libera a la industria automotriz de estrictos estándares de emisiones y, según cálculos oficiales, ahorrará hasta 1,3 billones de dólares en costos regulatorios para la economía estadounidense.
Repercusiones legales y científicas
El dictamen original estaba respaldado no solo por décadas de investigación climatológica, sino también por decisiones judiciales importantes, incluyendo la histórica sentencia de 2007 en Massachusetts v. EPA de la Corte Suprema, que estableció que los gases de efecto invernadero son contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio y que la EPA podía regularlos si representaban un peligro.
Desde entonces, ese dictamen había sido reafirmado repetidamente por tribunales federales, incluyendo la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Para derogar esta base, la Administración Trump ha argumentado que el hallazgo se excedió de lo que la ley permite y que las emisiones globales de gases no constituyen un tipo de contaminación que la EPA deba regular bajo la letra estricta del Clean Air Act.
Críticas y oposición
La respuesta de científicos, grupos ambientalistas y exfuncionarios públicos ha sido contundente. Argumentan que:
- La determinación de 2009 se apoya en una amplia evidencia científica sobre los efectos nocivos del cambio climático en la salud y el bienestar humanos, una evidencia que hoy es más sólida que nunca.
- La revocación puede debilitar la capacidad del gobierno federal para enfrentar el cambio climático y proteger la salud pública frente a eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
- El cambio será probablemente impugnado en los tribunales, ya que numerosos estados, ONG y actores industriales ven la revocación como una retirada histórica de normas ambientales básicas.
Un punto de inflexión en la política climática de EE. UU.
La eliminación del endangerment finding representa un giro dramático de la política climática estadounidense, que hasta ahora había reclamado la reducción de emisiones para cumplir con acuerdos internacionales y estándares nacionales. Con esta medida, Trump no solo revoca una pieza clave del legado de Obama, sino que redefine la posición federal de Washington frente al calentamiento global en un país que históricamente ha sido el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.
A corto plazo, esta acción podría:
- Debilitar normas de emisiones para vehículos y camiones.
- Eliminar requisitos que promovían tecnologías más limpias, como los mandatos para reducir CO₂ en automóviles.
- Iniciar una ola de litigios de actores estatales y ambientales contrarios a la revocación.
FUENTES , THE GUARDIAN , AP , EURONEW, EPA , REUTE
