Los demócratas estadounidenses Chris Van Hollen (Maryland), Tim Kaine (Virginia) y Alex Padilla (California) presentaron este martes ante el Senado el proyecto “El Salvador Accountability Act of 2025”, que ordenaría congelar bienes, revocar visados y prohibir transacciones en territorio estadounidense a una docena de funcionarios salvadoreños.
De acuerdo con la iniciativa presentada, las medidas se aplicarían al presidente Nayib Bukele, al vicepresidente Félix Ulloa y a titulares de carteras como Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Justicia y Seguridad Pública, además del fiscal general y la presidencia del Banco Central de Reserva, entre otros.
En un comunicado divulgado en la red social X, Van Hollen explicó que la propuesta responde a lo que describió como un plan que habría utilizado fondos federales para trasladar personas desde Estados Unidos a El Salvador, vulnerando —según el legislador— derechos constitucionales.
“Esta legislación lograría precisamente eso al imponer sanciones a Bukele y a los miembros de su gobierno responsables de estos abusos. Debemos enviar una señal clara de que estas injusticias son inaceptables y deben terminar”, expresó Hollen.
El texto de la moción también sostiene que la administración salvadoreña mantiene acciones que afectan a periodistas y defensores de derechos humanos, y que colaboró con el Gobierno del expresidente Donald Trump para encarcelar sin debido proceso a residentes en EE. UU.
Postura de Bukele
En las últimas semanas, el presidente Bukele ha dirigido sus discursos en contra de lo que él llama supuestos defensores de derechos humanos y periodistas.
Ha sostenido que “la mayoría de periodistas no tienen método, ni ética, sino que simplemente son activistas pagados para impulsar agendas”, en respuesta al trabajo periodístico de medios locales e internacionales.
Por otro lado, en su discurso del 1 de junio ante el Teatro Nacional, el mandatario cuestionó a los congresistas extranjeros que intervienen en la política carcelaria del país. “Congresistas extranjeros vienen (a El Salvador) a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derechos se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, puntualizó.
Sobre las ONG, el presidente envió un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa (actualmente ya aprobado), para que estas entidades tengan un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que reciben, a fin de que cumplan “su supuesto propósito de ayudar al pueblo”.
“Un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos”, declaró en otra ocasión.
