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miércoles, 12 de mayo del 2021

Tres funcionarios son denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental

Las denuncias surgen por un posible conflicto de interés en la venta y compra de caretas para personal de salud y la entrega de un préstamo a la hermana de la comisionada presidencial, Carolina Recinos.

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Al menos tres funcionarios de la actual administración han sido denunciados recientemente por dos instituciones, esto debido a dos escándalos que han sido expuestos por diferentes medios de comunicación.

El primer denunciado por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) ante el Tribunal de Ética Gubernamental fue el ministro de Salud, Francisco Alabí, al ser señalado de no informar que un funcionario público estaba aspirando a ser contratado por el Estado.

La asociación aseguró que Alabí firmó una orden de compra al también funcionario público Jorge “Koky” Aguilar, quien siendo presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) vendió por medio de su empresa un total de $250 mil en caretas al gobierno.

Ante esta acción, el presidente de la República, Nayib Bukele, destituyó a Aguilar aduciendo presunta corrupción.

Por lo tanto, la ALAC vio a bien interponer una denuncia en el TEG para que se tomen cartas en contra de Alabí, donde esperan que organismo determine el grado de participación del funcionario, que de ser encontrado culpable podría estar sujeto a una sanción económica que va desde 1 salario mínimo hasta 40 salarios mínimos.

El segundo caso fue el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, el cual fue llevado ante el Tribunal por Aída María Betancourt Simán y Héctor Raúl Silva Hernández, miembros del partido Nuestro Tiempo, en la que piden considerar si el viceministro de Ingresos ha infringido los artículos 5 y 6 de la Ley de Ética Gubernamental.

Los demandantes expusieron que hay una posible transgresión a la Ley de Ética Gubernamental luego de que El Diario de Hoy publicara que dos de sus empleados vendieron protectores faciales al gobierno de Bukele por un monto de $750,000.

En la investigación periodística se revela que Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios, socios de la empresa SYGM Asesores S.A. de C.V., que negociaron los insumos con el gobierno, ocupan altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, una empresa que vende servicios contables y de auditoría, la cual es propiedad del viceministro Zelaya Villalobo.

Los 300,000 protectores faciales vendidos por SYGM S.A. de C.V. al gobierno central a través del Ministerio de Salud, están además sobrevalorados, ya que cada unidad fue vendida a $2.50 cuando otra empresa los vende a $1.13 si se le compra por miles.

Mientras con el tercero, interpuesto por Silva, junto al vocero de Nuestro Tiempo, Andy Failer, denunciaron a la comisionada presidencial, Carolina Recinos, porque el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), le otorgó un crédito a su hermana.

“Nuestro argumento, es en base al Artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental, a raíz de unas investigaciones que salieron en un periódico digital, en donde su hermano posee una plaza en BANDESAL y su hermana ha sido beneficiada por un crédito de esa institución y tiene un contrato para manejar el cafetín del Ministerio de Hacienda”, manifestó Failer.

Según un reportaje del portal noticioso El Faro, BANDESAL benefició a dos hermanos de la comisionada presidencial: a uno lo contrató como gerente de fondeo y cooperación; mientras que a otra le aprobó un préstamo de $22,514 para montar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, pese a las advertencias internas de un conflicto de interés. Otros dos hermanos de la comisionada fueron contratados por esta administración en la Cancillería y en el Centro Nacional de Registro (CNR).

Ante esto, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, confirmó que la institución bancaria otorgó el crédito pero bajo todos los requisitos de ley.

Además, negó cualquier grado de conflicto de interés. “¿Dónde está el conflicto de interés?, ¿participó un familiar de la persona en el proceso de análisis y evaluación?, una cosa tan pequeña, un monto tan pequeño llegó a junta directiva y transparentemente se resolvió, donde la mitad de la representación es de la empresa privada”. “Significa entonces que esto no salpica ni trastoca ni en lo mínimo nuestra normativa”.

“No se le dio en condiciones especiales, como cualquier mujer luchadora de la cual debemos sentirnos orgullosos”, dijo.

Según el funcionario, la publicación de este hecho es “un acto de perversidad o de maldad” y reiteró que habrá transparencia en el uso de los fondos.

“Si algo vamos a cuidar es la excelente reputación de Bandesal y vamos a cuidarla con todos los mecanismos de transparencia”, prometió durante la sesión.

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