La cancillerías de El Salvador y Nicaragua entraron en tensión días atrás, debido a la nacionalización como nicaragüense del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.
“Hemos recibido su carta de hoy (ayer) que consideramos inaceptable puesto que usted se refiere en términos ofensivos e insultantes a ciudadanos nicaragüenses por nacionalización, derecho que tienen todos los Estados civilizados del mundo”, dijo la canciller nicaraguense, Denis Moncada a Hill, en defensa de Sánchez Cerén y del también expresidente salvadoreño nacionalizado nicaragüense Mauricio Funes.
El gobierno de Nicaragua no reveló el contenido de la carta de Hill, sin embargo, en su respuesta, Moncada afirmó que la canciller salvadoreña “se ha entrometido en asuntos internos de nuestra Nicaragua”.
Según Moncada, Hill hizo “ostentación de su condición de canciller de El Salvador, presiones y reclamos por la situación de indagado e investigado por traición a la patria, lavado de dinero y otros delitos, de su excónyuge, el ciudadano Arturo Cruz Sequeira”.
Cruz es uno de siete aspirantes a la Presidencia de la oposición detenidos en medio de una ola de arrestos contra dirigentes y líderes opositores que comenzó el 28 de mayo pasado, y que ha llevado a prisión a más de 30 personas, cuando faltan tres meses para las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva.
Cruz fue detenido a inicios de junio en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechoso de atentar “contra la sociedad nicaragüense”.
El canciller nicaragüense acusó a su homóloga de realizar “presiones, amenazas y chantajes (que) se han extendido al ámbito del Sica (Sistema de la Integración Centroamericana), cuya Secretaría General corresponde por derecho a Nicaragua, impidiendo usted con conductas personales, inapropiadas, incorrectas e ilegales, el consenso reglamentario, en flagrante violación del Tratado de Tegucigalpa”.
La elección del secretario general del Sica se mantiene inconclusa debido a que los países de la región no han aceptado la terna propuesta por Nicaragua, compuesta por representantes sandinistas.
Moncada también señaló a Hill de “mezclar intereses personales, chantajear, amenazar y obstruir la gestión entre Estados, por motivos ajenos a su representación oficial, (lo que) constituye un delito de usurpación que debe ser investigado en su país. Usted bien sabe a qué nos referimos”.
El canciller sostuvo que Hill ha exigido “inaceptables preferencias para su excónyuge Cruz y que “ha llegado incluso a amenazar con involucrar a los Estados Unidos en estos asuntos que son de soberanía nacional de Nicaragua”.
“Eso constituye una insólita e injustificable injerencia en nuestros asuntos”, agregó.
“Señora canciller: Cuando hay techo de vidrio, lo inteligente es no lanzar piedras”, continuó. Moncada dijo estar seguro de que “el Estado salvadoreño abrirá la investigación correspondiente por estos delitos, en tanto abuso de poder, amenazas, intimidaciones, chantajes y extralimitaciones, incluyendo la jactanciosa referencia a sus propios vínculos con Gobiernos extrarregionales buscando, precisamente, presionar para lograr sus objetivos injerencistas”.
Al finalizar, Moncada resaltó que la canciller salvadoreña incurrió en “delitos por los que su exesposo (Cruz) es sujeto de investigación judicial en Nicaragua”.
Desde las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que se ha acentuado en el presente año electoral.
En las elecciones del 7 de noviembre próximo Ortega se jugará 42 años de dominio casi absoluto de la política nicaragüense.
El viernes 30 de julio, Nicaragua anunció la nacionalización del expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, a su esposa Rosa Margarita Villalta, y a su hija Claudia Lissette Sánchez Villalta, según acuerdo publicado en La Gaceta (el Diario Oficial del país nica) en su versión digita.
La nacionalización de Sánchez Cerén impedirá que este pueda ser extraditado a El Salvador para que enfrente la justicia ante el caso que se le sigue por haber recibido sobresueldos durante la gestión de Mauricio Funes (2009-2014), en la que el excomandante guerrillero fungió como vicepresidente, ya que la constitución nicaragüense prohíbe que los ciudadanos nicas puedan ser extraditados.
El presidente Bukele criticó en sus redes sociales el hecho diciendo que no entendía cómo algunos defendían a prófugos de la justicia: “Ortega le concede la nacionalidad a Sánchez Cerén y lo protege de la extradición a El Salvador”.
La estrategia de obtener la nacionalidad nicaragüense es la misma que utilizó Funes cuando fue requerido por la justicia salvadoreña, en septiembre de 2016. Tres años después, en julio de 2019, se conoció que Nicaragua le había concedido la nacionalidad.
