El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, sugirió a los funcionarios señalados y sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la semana pasada, que denuncien a los periodistas que hacen notas sobre ese tema.
Argueta consideró que a los funcionarios señalados “se le ha violentado el derecho al honor” y por tanto él les ha sugerido que se defiendan en las instancias judiciales correspondiente.
“Primero que se defiendan, hay un derecho de respuesta que es un derecho humano, y a partir de eso que ejerzan acciones nacionales, porque nadie está protegido, y estoy hablando en los ámbitos de libertad de información que puede tener un periodista de un periódico digital”, dijo Argueta este lunes en la entrevista Frente a Frente.
Añadió: “Yo tengo videos, yo tengo fuentes, te daño tu honor, pero no lo puedo decir, lo mando a organismos internacionales, pero no te lo puedo contar porque a mí me protege mi fuente, y es ahí donde yo recomendaría a los funcionarios del gobierno que ejerzan acciones correspondientes posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra el que lo escribe porque tenemos leyes que protegen el honor”.
“¿El Departamento del Tesoro publica las sanciones la semana pasada, usted lo que les sugiere a los funcionarios señalados es que demanden a quienes en el país están escribiendo sobre lo que ha publicado Estados Unidos?”, preguntó el entrevistador Moisés Urbina.
El asesor jurídico respondió: “Es correcto, correctísimo”.
Urbina repreguntó: “¿Aunque la fuente sea EE.UU. y el Departamento del Tesoro?”
Argueta contestó que “Para el Departamento del Tesoro y los Estados Unidos la fuente son publicaciones también. En tanto eso, ellos tienen que definir, para los citados no hay fuente de protección en un tribunal, tiene que exhibirla, así dice la jurisprudencia de la Sala de lo Penal”.
La semana pasada, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, Estados Unidos emitió diversas sanciones contra funcionarios de diversos países que consideran han cometido actos de corrupción y esto ha significado un deterioro directo a los derechos humanos de los ciudadanos de sus respectivas naciones.
Con base en la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Recinos, quien ya había sido integrada a la Lista Engel y sancionada por ello, por considerarla líder de un esquema de corrupción multimillonario y en el que también hubo participación de diversos ministerios; también contra Luna y Marroquín por considerarlos los delegados del Gobierno en las pláticas y posterior pacto con grupos delincuenciales.
Argueta intentó restar credibilidad a esos señalamientos diciendo que tienen como fundamento publicaciones periodísticas que fueron construidas con fuentes que son desconocidas.
Estas declaraciones causaron un gran impacto para director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien no dudó en apuntar que en las palabras de Argueta hay una amenaza contra la prensa y la protección de las fuentes.
“A mí me para los pelos lo que acabo de escuchar, hay una amenaza directa contra la prensa, lo quiso hacer ver como que era legal lo que estaba hablando, pero en realidad eso se trata de una amenaza al recomendarles a los funcionarios que acudan a las instancias correspondientes a nivel local para proteger su honor, según lo que él decía”, señaló.
A su juicio, esto sin duda “es una amenaza contra el periodismo, para que los periodistas que están investigando posible corrupción dentro del gobierno se la piensen antes de publicar algo bajo la amenaza de que van a ser demandados”.
En tanto, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, opinó que las declaraciones de Argueta tienen como objetivo desviar la atención de los señalamientos hechos contra funcionarios de confianza del presidente Nayib Bukele.
“Es un sinsentido porque quienes deben someterse al escrutinio público son los funcionarios, no son los periodistas… Es evidente que ha sido incómodo y que ha sido una situación que ha dañado más la credibilidad y que además pone el dedo en la llaga porque el discurso oficial permanentemente está señalando a los partidos que hicieron (actos de) corrupción en el pasado”, dijo la diputada.
Incluso el jefe de fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza, sostuvo que no es contra los periodistas que el Gobierno debe iniciar acciones penales, porque la esencia de su trabajo es exponer hechos de diversa índole.
“Creo que la libertad de prensa en El Salvador se mantiene es parte del derecho que tienen los medios en El Salvador de investigar… Yo no le veo irresponsabilidad”, dijo Mendoza.
Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que la declaración de Argueta le causa preocupación porque “él sabe que de acuerdo a la ley el periodista no está obligado ni a revelar su fuente ni a dejar de informar”.
De acuerdo con el diputado del partido tricolor, la intención del Gobierno respecto a los periodistas tiene como trasfondo la censura.
“No me queda ni la menor duda de que sí se quiere censurar, de hecho, las declaraciones son una forma de censura hacia los periodistas”, afirmó Portillo Cuadra.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, advirtió que el gobierno de El Salvador se ha convertido en “enemigo de la prensa. El riesgo para arbitrariedades, detenciones y persecución es cada vez mayor”.
Al respecto, la APES señala que Argueta de nuevo se pronuncia en contra del Derecho a la Libre Expresión y al Ejercicio del Periodismo.
“No causa sorpresa tales exabruptos; ya el gremio de periodistas está acostumbrado a ellos. A lo que no nos acostumbramos en la APES es a la exhibición de ignorancia jurídica que el funcionario demuestra, situación que debería ser motivo de preocupación en una sociedad democrática”, señala el comunicado de la Asociación.
