La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó y manifestó su preocupación ante las amenazas que hacen sectores gubernamentales a periodistas por reproducir contenidos y criminalizarlos por divulgar información que las autoridades consideran confidencia.
Esto en referencia a lo dicho por el jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, que recomendó a tres funcionarios del gobierno que demanden por difamación a periodistas de medios locales por daños al honor tras reportar sobre las sanciones que el gobierno estadounidense.
La SIP también expresó su preocupación por la reforma legislativa aprobada la semana pasada sobre la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, cuyo artículo 25 castiga con entre cinco y ocho años de prisión a quien “deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial”.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente del Grupo Opsa, de Honduras, dijo que “el hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia”.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, advirtió que “criminalizar a los periodistas violentando el secreto profesional es un arma con la que se quiere inhibir al periodismo y a las fuentes informativas para prevenir que los hechos de corrupción pública salgan a la luz”.
Canahuati y Jornet lamentaron que el gobierno salvadoreño siga imponiendo cortapisas a la libertad de prensa y pidieron mayores garantías de libertad de prensa para fortalecer la democracia como establecen las declaraciones de Chapultepec y Salta.
La Declaración de Chapultepec advierte que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. La Declaración de Salta alerta que “los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad”.
Por su parte, en San Salvador, la Mesa de Protección a Periodistas mostró su preocupación por las declaraciones que dio Javier Argueta.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que conforman la mesa, rechazaron las declaraciones de Argueta, las que tildaron como un intento de censura contra periodistas.
César Fagoaga, presidente de la APES, aseguró que las declaraciones del funcionario “son una amenaza real” para el trabajo periodístico, que a su vez está siendo víctima de un “discurso de odio cada vez más frecuente” desde el Gobierno.
Por su parte Serafín Valencia, relator de libre expresión de la APES, dijo que un periodista salvadoreño tuvo que huir del país por amenazas de agentes del Estado.
Valencia dijo que por seguridad no podía brindar más detalles, pero se trata de un informador que publicó una nota y de la cual una instancia gubernamental le exigió acceder a la fuente de información. Este se negó a revelarla y fue amenazado con acciones legales si no accedía.
“Aparte de la amenaza, las autoridades estatales visitaron el lugar de residencia del periodista, quien al verse vulnerable por este tipo de intimidación optó por salir del país, ya que sintió una “amenaza real”, según Valencia.
Otro caso que tiene en estudio la APES es el de un periodista que está siendo amedrentado por un alto funcionario del actual Gobierno.
Según información de la institución, un periodista se ha visto vulnerado por una filtración de información de parte de otro colega; esto lo ha puesto en la mira de un ministro que habría comenzado a amedrentarlo.
El periodista, que se especializa en temas de violencia y desaparecidos, ha denunciado que lo están vigilando sujetos extraños, “que aparentemente son del aparato de seguridad del Estado”.
Susana Peñate, directiva de la APES, informó que hasta el 14 de noviembre de este año había un total de 214 tipos de agresiones hacia periodistas. Además, dijo que han registrado 20 casos de intimidaciones y 98 denuncias de restricciones al ejercicio periodístico, además de los ataques digitales violentos hacia mujeres periodistas.
Mientras Human Rights Watch (HRW) en su más reciente comunicado manifestó su preocuopación sobre vulneraciones a salvadoreños, periodistas, líderes de asociaciones, entre otros.
“Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público”, apuntó la organización.
Las denuncias por bloqueos han incrementado en los últimos meses debido a la intolerancia de los funcionarios públicos a las críticas, incluido el mismo presidente, cuando en realidad, al ser representantes de la población, deben estar sometidos a un mayor escrutinio por parte de la población, especialmente si este el principal medio de comunicación utilizado para divulgar sus acciones.
“El presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”, expresó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
A las personas bloqueadas se les está afectando en su derecho al acceso a la información pública y esto dificulta además el acceso a información oficial del gobierno. Esto impide también que los ciudadanos participen en debates públicos, viola su libertad de expresión y, cuando ocurre en respuesta a críticas, constituye una discriminación sobre la base de sus opiniones, señaló Human Rights Watch, entidad que agregó la violación a la libertad de prensa cuando a los periodistas bloqueados se les impide realizar preguntas y solicitar información.
