El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador absolvió este martes a los 18 implicados en el denominado “caso tregua” (2012-2013) entre los que se encontraban un exdirector de Centros Penales, altos mandos policiales y empleados penitenciarios.
Según el juez del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo presentar pruebas contundentes contra los acusados e incluso calificó de “pésima” la investigación de la FGR.
Asimismo, el juez recalcó que el expresidente de la República, Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, y actual ministro de Defensa, David Mungúia Payés conocían del proceso y lo respaldaron
En el proceso eran acusados Raúl Mijango, quien fungió como mediador de la tregua entre pandillas, el exdirector general de centros penales Nelson Rauda Portillo, y otras 15 personas acusadas de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, Falsedad Ideológica, Agrupaciones Ilícitas y otros delitos.
Lea también: Juzgado de caso “Tregua” no llamará a Funes ni Ortiz a testificar
No obstante, Raúl Mijango, no asistió a la lectura de la sentencia justificando problemas de salud. Pese a esta absolución, Mijango deberá permanecer detenido porque la FGR le acusa también del delito de extorsión.
“Nosotros siempre confiamos en Dios y de hecho, los 18 imputados mantuvimos ese ritmo de las medidas que se nos habían establecido y eso ha quedado demostrado porque ninguno evadió la justicia porque sabíamos que no habíamos cometido ilícito“, dijo el exinspector de Centros Penales, Anílver Rodríguez al salir de la sentencia.
Durante sus alegatos en la Vista Pública del caso, la Fiscalía pidió penas de prisión que oscilan entre los 6 y 18 años de cárcel para los imputados. La pena más alta de 18 años ha sido pedida contra el exdirector de centros penales Nelson Rauda y contra el exinspector general de centros penales Anílver Rodríguez, esto, debido a que los delitos en ellos se agravan porque se desempeñaba como funcionarios públicos.
Vea también:
Contra Mijango FGR pidió 12 años de prisión por los delitos de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales y Agrupaciones Ilícitas.
El juez advirtió que la resolución del caso sería dada formalmente y por escrito a las partes el próximo 21 de septiembre.