Una corte de apelaciones revocó este lunes la orden de un juez que preservó el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 300,000 inmigrantes de cuatro países, por lo que ahora la Administración Trump tiene las puertas abiertas para solicitar que sean deportadas.
En un voto dividido, el panel de tres jueces consideró que un juez federal de California se excedió al extender la protección temporal, que le otorgaba permisos temporales de trabajo a inmigrantes de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua.
Ante este baldazo de agua fría, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, indicó que se debe recordar que las extensiones normales eran de un año y medio, por lo que la última dada por el Presidente, Donald Trump, fue de prácticamente 2 años (1 año entero POSTERIOR a la probabilidad de una decisión judicial negativa).
“Esto quiere decir que todos los salvadoreños amparados por el TPS, tienen protección migratoria por un año más (casi una prórroga completa). Así que tenemos un año entero, tiempo suficiente para pedir a nuestros aliados una solución permanente o al menos, otra solución temporal”, indicó el mandatario.
Agregó, que las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca y el año pasado negociaron de en un año extra, si venía una resolución judicial negativa.
“En ese tiempo se nos atacó y se dijo que no fue la Casa Blanca, sino la resolución de un juez federal, la que los protegió. Explicamos que no había ninguna resolución judicial, que hubiese cambiado algo en el tiempo de nuestro anuncio y que era la Casa Blanca la que nos había otorgado este beneficio, a la luz de una posible resolución judicial negativa (no positiva, como decía la oposición)”, señaló.
Además, recordó que el TPS fue eliminado en el Gobierno del FMLN, en gran parte por su afinidad al Gobierno de Nicolás Maduro. Representación diplomática que expulsamos de nuestro país, cuando hicimos el anuncio del nuevo beneficio para los salvadoreños con TPS.
“Ahora tenemos un año completo, para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, que también deben ser protegidos por ambos países”, concluyó.
Pese a la postura del mandatario salvadoreño, la decisión le da al Departamento de Seguridad Nacional "discreción total e irreversible" acerca de la aplicación del TPS.
Además, el panel concluyó que los inmigrantes, algunos de los cuales han vivido por más de una década en Estados Unidos, no aportaron evidencia suficiente de que la decisión de ser deportados tenía intenciones racistas.
Aprobado por el Congreso en la década de los 1990, el TPS protege de la deportación y permite vivir y trabajar en el país a inmigrantes indocumentados cuyos países de origen se vieron afectados por conflictos civiles o desastres naturales.
Según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), se benefician 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, entre otros.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el estatus a casi 200,000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60,000 haitianos amparados con este beneficio, 5,000 nicaragüenses y 56,000 hondureños.
Posición de Alianza Americas: Óscar Chacón
“La administración Trump terminó el TPS ignorando las condiciones en sus países de origen y los vínculos familiares, comunitarios y económicos que los beneficiarios de TPS crearon durante años, incluso décadas, de residir en los EE. UU. Esta decisión se motiva sólo en la agenda de supremacía blanca de la administración Trump. Hoy es un mal día para las personas amparadas bajo TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
Estas personas han estado viviendo en los EE. UU. por años, han formado familias, relaciones laborales, empresas y alrededor de 130,000 son trabajadores esenciales en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Este fallo nos impacta a todos, especialmente a comunidades que se benefician del trabajo y los impuestos pagados por los amparados por TPS. Las vidas y futuros de cientos de miles de beneficiarios de TPS y de sus familias, incluyendo a sus hijos quienes son ciudadanos estadounidenses, se encuentran a la deriva. Estamos aquí para decir que las personas amparadas bajo TPS y sus familias no están solas.
Continuaremos trabajando para transformar la legislación y las políticas públicas existentes de manera que sean inclusivas, equitativas y justas con los cientos de miles de beneficiarios de TPS y de DACA, y los millones de inmigrantes en los EE. UU., especialmente quienes viven en en el país y que no tienen las protecciones de una visa de inmigrante. Esto demuestra que los resultados electorales importan.
Ahora más que nunca necesitamos que todas las personas que puedan votar en las próximas elecciones lo hagan. Aquellas que por una razón u otra no pueden votar, ¡pueden ayudar a otros a votar! Debemos votar por nuestras familias, nuestras comunidades y aquellos que no pueden hacerlo.”
