La Asamblea Legislativa, si bien no ha tirado la toalla en la aprobación de una Ley de Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al declarar violatoria de los preceptos de la Carta Magna, la Ley de Amnistía General de 1993; se percibe por lo que se ha podido conversar con los diputados de la subcomisión política que, terminaron pidiendo más prórroga para legislar con una norma en esa materia, cansancio y hasta cierto punto desidia para seguir tratando el tema.
La Sala emitió una resolución en julio de 2018 obligando a la Asamblea a elaborar una ley que repare el daño a las víctimas de la guerra y para ello, le dio un año a la Asamblea, hasta el 13 de julio de 2019, sin embargo, los diputados no cumplieron el mandato. Entonces los magistrados les otorgaron cuatro meses más, periodo que venció el 13 de noviembre y que tampoco cumplieron.
La sentencia estableció que la Asamblea debe crear una normativa apegada a cuatro principios: a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Hay dos propuestas, que ya están en estudio en la Sala; en el contexto político la primera es la presentada por ARENA, PCN y PDC; y la segunda por el FMLN, Cambio Democrático (CD) y las organizaciones sociales.
Cabe mencionar que los magistrados para resolver una controversia, no se rigen por conceptos políticos, sino legales y que respeten el marco constitucional, no criterios de partidos políticos o de sectores de la sociedad civil. Dicho en palabras; no se dejan influir por presiones externas.
El pasado domingo, FOCOSTV entrevistó al magistrado constitucionalista Aldo Cáder, quien expresó que es difícil emitir una opinión sobre los borradores que están en estudio en la Sala; eso sí, dejó claro que si los parlamentarios no cumplen con lo ordenado por la Sala que derogó la Ley de Amnistía de 1993, van a declarar inconstitucional cualquier normativa que aprueben y no cumpla los parámetros establecidos.
Cáder dejó claro que la población debe de entender que la Sala no trabaja sobre la base de un borrador, y se remitirán a los parámetros que dictó la sentencia; “si hay ahorita que la ciudadanía o los involucrados crean que no se cumple con los parámetros de la sentencia, nosotros en su oportunidad cuando remitan lo aprobado, vamos a tener que tomar una decisión”, explicó el magistrado.
Pero lo cierto es que hay una marcada división en los parlamentarios que conformaron la subcomisión política y que al final, en una sesión extraordinaria convocada el martes de la semana pasada por el presidente de la Asamblea, el diputado pecenista Mario Ponce, los diputados hicieron varias propuestas, desde solicitar un plazo de cinco meses hasta uno. Al final se impuso la propuesta del diputado de ARENA y abogado constitucionalista, René Portillo Cuadra, que planteó se enviara un escrito a la secretaría de la Sala de lo Constitucional, pidiendo un plazo, pero, sin especificar el tiempo.
A manera de explicación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce los procesos de amparo, habeas corpus o exhibición personal e inconstitucionalidad de las normas jurídicas y dirime las posibles diferencias entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.
Cuando el contenido de una Ley, Decreto o Reglamento resulte contrario o incompatible con las disposiciones de la Constitución, cualquier ciudadano puede presentar por escrito, una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Con este proceso se trata de impedir la aplicación de aquellas leyes que contraríen a la Ley Suprema del país (Constitución).
Extraoficialmente, se conoció que este martes, diputados de ARENA, PCN y PDC, presentarán documentos en donde se detallan los crímenes cometidos por la extinta guerrilla del FMLN durante el conflicto armado (1979-1992). De ser así, esto daría pie para que el partido de izquierda haga lo mismo por los crímenes cometidos por la Fuerza Armada. Una guerra ideológica y no militar que indiscutiblemente tendrá sus consecuencias para aprobar una ley de Reconciliación Nacional.
