Formalmente, el pasado lunes 24 de agosto, se dio en El Salvador, la reapertura de las actividades económicas a nivel nacional; en la realidad, esto se había venido sucediendo desde junio pasado, como resultado de la falta de un acuerdo político y las sentencias de Inconstitucionalidad declaradas por la Sala de lo Constitucional respecto de Leyes y Decretos Ejecutivos, emitidos para enfrentar prioritariamente los efectos de la pandemia de la COVID 19 en la salud y vida de los salvadoreños.
Paulatinamente, en los últimos tres meses, cada vez ha sido más evidente que el ejecutivo ha perdido facultades coercitivas, administrativas y disponibilidad financiera para la ejecución presupuestaria, que le permitieran lidiar, de mejor forma, con la pandemia.
Mientras la reapertura general y abrupta se normaliza, siguen pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, diferentes iniciativas propuestas para una reapertura ordenada y de reactivación de la economía; las medidas de cara a apoyar financieramente las micro, pequeñas y medianas empresas formales e informales; el apoyo a los trabajadores cuentapropistas; el financiamiento externo que sustituya la caída de ingresos tributarios; y, las asignaciones presupuestarias para enfrentar los impactos sociales y económicos de la pandemia; entre otros.
Después de cinco meses de sufrir los embates de la pandemia, y sin que esta esté superada, ni presente un horizonte claro de salida, nos encontramos con un país jodido, más jodido, lo siente la gente, lo sabe la gente. Oficialmente, con cerca de 700 fallecidos, más de veinticinco mil contagiados, si bien, con una tendencia a la disminución de los contagios en las últimas dos semanas, pero, con un alto riesgo de que esta tendencia cambie al alza producto de la reapertura abrupta de las actividades económica. La pandemia no ha terminado, por lo que, debe mantenerse, el esfuerzo preventivo y reactivo de las instituciones por salvar vidas, mantenerse en alerta y promover las prácticas de bioseguridad, distanciamiento físico y la higiene personales y colectivas.
Pero la reapertura no significa regresar a la situación del pasado febrero, debe ser vista como una fase de adaptación a las nuevas realidades, es un intento por recuperar lo que sea posible de los impactos económicos negativos producidos por la pandemia.
Esto demanda del ejecutivo, con las restricciones del caso y optimizando los espacios institucionales que tiene, acompañar la operación de las actividades económicas con medidas que permitan una reapertura dinámica y flexible, con asocios público-privados que promuevan acciones que apoyen y complementen la iniciativa privada, verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo en los diferentes sectores, insistiendo en que se aprueben las medidas económico financieras de apoyo a las empresas y a los trabajadores, apoyando con inteligencia de negocios desde las representaciones en el exterior, buscando aliados, creando encuentros de cooperación con plataformas de negocios y de inversión, creando acuerdos que den estabilidad al empleo y den certidumbre básica del rumbo, aún en la incertidumbre global.
Las empresas deberán actualizar su diagnóstico, actualizar sus indicadores y precisar acciones de mitigación frente a futuros impactos y sus posibles extensiones, deben revisar y evaluar sus carteras de clientes y su red de suministro, ver la traza de bioseguridad en su cadena de valor donde operan, identificar rápidamente sus espacios de mercado, innovar productos y servicios, ajustar sus operaciones, calificar su personal, evaluar las opciones de financiamiento y ponderar las medidas que desde el gobierno se impulsen. La sociedad demanda de las empresas, empatía, responsabilidad y solidaridad con los trabajadores, con los clientes y con las comunidades donde operan.
Los trabajadores, deben ser protegidos por la institucionalidad estatal que asegure y tutele sus derechos, particularmente, este es un momento en que los cerca de 750 000 trabajadores formales del sector privado deberían impulsar su organización en sindicatos para negociar pactos de empresas o por ramas o sectores económicos, que aseguren la estabilidad, fortalezcan la productividad, la innovación y la competitividad de las empresas. Desde el Estado se debería promover esto.
Los trabajadores en informalidad laboral y cuentapropistas (hablamos acá, según datos de la EHPM de 2019, de cerca de 800,000 trabajadores asalariados sin contrato de trabajo, sin seguridad social, ni otras prestaciones sociolaborales; de más de 750,000 trabajadores cuenta propistas sin local y 90,000 cuenta propistas con local; cerca de 166,000 trabajadores familiares no remunerados, y más de 136,000 trabajadoras de servicios domésticos) estos, deben ser sujeto de procesos de formalización laboral (teniendo en cuenta la Recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal y la Recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, ambas de la OIT) que conlleven a la formalización de sus unidades económicas y su relación de dependencia laboral, a partir de iniciativas que otorguen incentivos y beneficios fiscales (esto es, reorientar la actual política de incentivos, que le significa a la nación un gasto tributario de cerca de 800 millones de dólares al año, y en lugar de sólo favorecer a grandes empresas, se oriente a apoyar a las MYPES y a las cooperativas) también, mediante apoyo financiero, técnico, de inteligencia comercial y de soporte tecnológico y de equipos a los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, conforme lo establecido en los artículos 113, 114 y 115 de la Constitución de la República. De tal forma de asumir con responsabilidad, la creación y apoyo de una base social de pequeños propietarios, generadores de empleo y riqueza, que sea: amplia, flexible, que abastezca la demanda interna y esté encadenada a procesos de las cadenas globales de suministros.
Hacer de las MYPES, el núcleo de la reactivación económico social y de la nueva normalidad, convirtiéndoles en el factor clave del desarrollo económico centrado en las personas, que potencie un crecimiento sostenible de la economía nacional y genere y distribuya riqueza, demanda con urgencia, una política clara, concertada con empresarios y trabajadores, de carácter estratégica y vista en el largo plazo, pero con acciones oportunas, innovadoras, proactivas, preventivas, y solidarias en el corto plazo. Requiere además la conjunción de varias instituciones, más allá de CONAMYPE.
En lo inmediato, es clave para mantener las operaciones de las MYPES y el empleo que generan, que se les provea apoyos para fondearse y darles liquidez operativa con capital de trabajo, impulsar la demanda de bienes y servicios, orientar las compras públicas y estimular el consumo interno y de los salvadoreños en el exterior. Las intervenciones de la acción pública, deben ser en una oferta amplia, combinada y complementaria, en diferentes momentos según avance el desarrollo de la pandemia.
A mediano plazo, habrá que priorizar acciones en aquellas MYPES, que generan mayor cantidad y calidad de empleos, teniendo en cuenta las 4 ramas de actividad económica que concentran, según los datos de la EHPM 2019, la mayor parte de la población ocupada que son: comercio, hoteles y restaurantes (901,517 trabajadores), Agricultura y ganadería (447,850 trabajadores), industria manufacturera (433,310 trabajadores) y construcción (197,752 trabajadores). También, habrá que buscar incentivos para la inclusión laboral de población económicamente inactiva, principalmente mujeres y jóvenes. Un reto a mediano y largo plazo, es el fomento y desarrollo de iniciativas de economía solidaria como las cooperativas y las asociaciones productivas, el sector transporte, el desarrollo de conocimiento, las tecnologías y la producción de alimentos, presentan oportunidades para esto.
La reapertura de las actividades económicas, debe significar un estímulo para pensar en la reactivación de la economía y el crecimiento económico, y abrir el debate sobre una nueva economía, que se soporte y desarrolle en lo sustantivo de los preceptos constitucionales relativos al Orden Económico, establecidos en los artículos del 101 al 120 de la Constitución de la República, de tal forma que prevalezca el interés social por sobre el ánimo corporativo de lucro. Que permita la recuperación y preservación de los recursos naturales; y, estimule el desarrollo de la economía social solidaria. Una economía que, genere riqueza, en beneficio de todos los salvadoreños.
No hay que olvidar que muchos de los problemas que hoy vemos, que hoy son sentidos, como la pobreza, la deuda pública, la informalidad, y otras brechas socioeconómicas, son déficit históricos y estructurales, ya eran parte de nuestra realidad, sólo que ya los habíamos normalizado, sobrevivíamos con ellos, pero la pandemia los ha puesto en alto relieve y en muchos casos los ha agudizado y todo apunta a que los agravará. El reto es, enfrentarlos y buscarles solución, desde los intereses populares; no cómo en el pasado, obviarlos y meterlos debajo de la alfombra, eso, ya no se puede.
Los salvadoreños esperarían una actitud de mayor consecuencia y coherencia, de los políticos y los partidos políticos, demandan soluciones, no retórica. La oposición, está cuestionada en sus prácticas y obligada a demostrar empatía y solidaridad con la gente. Retrasar la aprobación de las medidas de reactivación y apoyo a las empresas y a los trabajadores, no da réditos electorales.
