El Juzgado de Extinción de Dominio instaló la audiencia de sentencia este miércoles para valorar si la Fiscalía ha presentado suficientes pruebas que demuestren el origen ilícito de sus bienes del exalcalde de San Antonio de la Cruz, en Chalatenango, valorados en más de $600,000.
Además del exalcalde Lucio Edwin Ayala Flores, Julio Mejía y Gerardo Bolaños serían despojados de sus bienes por los mismos ilícitos.
Los bienes que podrían pasar a manos del Estado consisten en 12 inmuebles, 82 semovientes, seis equinos, siete vehículos y motos.
Fiscalía ha argumentado que el exalcalde de San Antonio La Cruz de Chalatenango hizo estos bienes con ingresos provenientes de actividades ilícitas del narcotráfico y el tráfico de personas entre 2003 y 2018.
Una de las pruebas contra los procesados es la certificación de condena de 45 años de prisión que dictó el Tribunal de Sentencia de Chalatenango contra el exedil y compañía, el 9 de noviembre de 2019 tras ser hallados culpable de los delitos de tráfico de droga y tráfico de personas.
Además, hay una certificación salarial del alcalde, con la que Fiscalía asegura que demostrará que el exalcalde no tenía la solvencia económica para adquirir esos bienes.
Según las certificaciones, Ayala Flores tenía ingresos de $3,000 como alcalde entre 2015 a 2018, una suma que no era suficiente para acumular todo el patrimonio a su nombre, afirmó la fiscal del caso.
“A consideración de la Fiscalía esos sueldos no justifican sus ingresos, además no se ha declarado renta por muchos años al Ministerio de Hacienda”, adujo.
El abogado Ulises del Dios Guzmán, defensor de los imputados, manifestó que este es un proceso ilegal porque antes se debió agotar el de enriquecimiento ilícito y aún no se ha iniciado.
“Se ha violado el derecho de defensa y contradicción a mi defendido, pues se le denegó su presencia en esta audiencia, tampoco se han citado a siete testigos que había propuesto la defensa, ellos iban establecer los orígenes, las fuentes y las personas que realizaron las operaciones económicas y no el exalcalde”, dijo Guzmán.
Por su parte, la fiscal del caso sostuvo que el proceso de extinción de dominio es autónomo y no hay impedimento legal para realizarlo antes o después de otro tipo de juicio.
