La cuenta regresiva ha comenzado para la Asamblea Legislativa, que tiene hasta el 28 de febrero, según resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para aprobar una Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Hoy se llevó a cabo el tercer foro de consulta para escuchar a las víctimas del conflicto armado (1980-1992).
En el 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la Ley General de Amnistía de 1993 violaba preceptos de la Carta Magna y ordenó a los diputados que tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Los legisladores debían tener lista la ley el 13 de julio de este año, pero pidieron una prórroga que fue concedida por el tribunal constitucional para aprobarla el 13 de noviembre. El Congreso una vez más pidió extendieran el tiempo, por lo que esta vez los magistrados dieron como fecha límite el 28 de febrero de este año. Pero lo cierto es que las posiciones al interior de la instancia siguen siendo divididas.
Por un lado, está la propuesta de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, a la cual le dio iniciativa de ley el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), y tiene el respaldado del FMLN, y la otra propuesta fue promovida por los grupos parlamentarios ARENA, PCN y PDC.
Benjamín Cuéllar, cofundador y miembro del Proyecto VIDAS- Víctimas Demandantes, participó en el foro consultivo efectuado en la Asamblea y tiene sus dudas de que vaya a salir una normativa que cumpla con los parámetros exigidos por el tribunal Constitucional.
“Han pasado tres años, que la Sala les ordenó que avalaran una ley para establecer la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición; ¿qué más les podemos decir de lo que les ha dicho Naciones Unidas, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos…, más qué, si no cumplen con los parámetros establecidos por la Sala, sobre la justicia transicional, entonces ya estamos listos para iniciar las gestiones civiles, administrativas, penales e internacionales”.
Por eso Cuéllar insiste en que con todo el tiempo que han tenido los diputados para aprobar la ley, más pareciera un show y al final van a terminar con un proyecto que dejará en la impunidad a los implicados en crímenes de guerra y lesa humanidad.
“Si todo este tiempo han estado haciendo lo mismo, a menos que… les hayan hecho un exorcismo quizá podría haber esperanzas de que saquen algo diferente”, dijo.
Y es que esa misma percepción tiene el diputado Martel, quien en su oportunidad denunció que desconoce sobre qué base se están haciendo los análisis de las propuestas y, ya no tienen el tiempo para estar debatiendo el tema. Es urgente que se conozca cómo va a quedar el documento final.
La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz, denunció que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, está trabajando un nuevo proyecto, es decir, un tercer documento. Inicialmente se estaba haciendo un diagnóstico del que presentaron ARENA, PCN y PDC y la iniciativa de las organizaciones sociales.
El diputado efemelenista Damián Alegría, aclaró que como grupo parlamentario no forman parte de los foros que está realizando la Comisión Política y su participación es solo para escuchar los testimonios de las víctimas y organizaciones de los derechos humanos.
“La posición del grupo parlamentario del FMLN ha sido de que la base de discusión para la reconciliación nacional debe ser la propuesta de ley de las víctimas”.
Este punto de vista no fue aceptado por el presidente del Palacio Legislativo Mario Ponce, quien lamentó los comentarios del legislador de izquierda y le recordó que el trabajo se está haciendo con transparencia y de manera pública a fin que la población conozca los testimonios de las víctimas.
El 28 de mayo el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que pidieron una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación.
El 5 de septiembre, presentaron un escrito a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, para que la Asamblea diera detalles de las consultas de campo que efectuaba a las víctimas de la guerra (1980-1992). Hasta la fecha, el tribunal constitucional no se ha pronunciado.
El diputado Ponce anunció que las consultas continuarán la otra semana; lunes y martes para escuchar a las víctimas del conflicto armado y conocer también aportes y sugerencias que ayuden a elaborar una matriz que se ajuste a las exigencias de la Sala de lo Constitucional.
