Por Alonso Rosales, analista internacional
El centro de La Paz fue escenario este 30 de diciembre de una intensa jornada de protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al decreto del gobierno que elimina el subsidio al diésel y la gasolina, una medida vigente desde hace casi dos décadas.
Las movilizaciones estuvieron lideradas principalmente por mineros estatales, aunque también participaron representantes de los sectores de educación y organizaciones indígenas. Los manifestantes expresaron su descontento por el fuerte incremento en los precios de los combustibles, que en el caso del diésel alcanzó hasta un 162% tras la entrada en vigor de la nueva normativa.
Los enfrentamientos se concentraron en los alrededores de la Plaza Murillo, donde se ubican la sede del Ejecutivo y del Poder Legislativo. En el lugar, los manifestantes lanzaron explosivos, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia las sedes de poder. Agentes antimotines desplegaron vallas metálicas y cordones de seguridad para bloquear el acceso al centro político del país.
Un subsidio insostenible, según el Gobierno
Las protestas se producen en rechazo al Decreto 5503, impulsado por el gobierno del presidente de centroderecha Rodrigo Paz. La normativa eliminó la subvención a los combustibles, una política que había mantenido congelados los precios durante cerca de 20 años. Durante ese período, el Estado boliviano compró diésel y gasolina a precios internacionales para venderlos a nivel interno a precios subsidiados, lo que, según el Ejecutivo, generó un déficit fiscal crítico.
El principal dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, exigió al gobierno dar marcha atrás a la medida y sostuvo que las decisiones gubernamentales deben beneficiar al “pueblo”. Asimismo, advirtió que las protestas continuarán incluso durante las festividades de fin de año.
En la víspera, algunos manifestantes iniciaron huelgas de hambre en las sedes de la COB. La central sindical, que fue aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce durante los últimos 20 años, convocó el pasado 22 de diciembre a una huelga general e indefinida contra las nuevas políticas económicas del actual Ejecutivo.
Por su parte, el gobierno sostiene que la eliminación del subsidio era inevitable y que la medida permitirá un ahorro diario significativo para el Estado. Como parte del paquete de decisiones económicas, el Ejecutivo anunció también un aumento del salario mínimo, que pasó de 395 a 474 dólares.
Aunque la semana pasada se realizó una reunión entre los dirigentes de la COB y el presidente Paz, no se alcanzó ningún acuerdo. La central sindical condicionó cualquier diálogo al retiro del decreto, una exigencia que el gobierno ha rechazado de manera categórica, manteniendo abierta una confrontación social que marca la primera gran prueba de fuego para la nueva administración.
FUENTES ,FRANCE 24
