El periódico estatal Transparencia Activa, reveló que la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, prepara un manual para que las entidades privadas que administran fondos públicos, rindan cuentas a la ciudadanía para saber en qué invierten el dinero y su destino.
El objetivo, según la publicación, es que el manual explique que las instituciones privadas deberán realizar la entrega de informes en la cual detallarán las donaciones que reciben, el subsidio, el cumplimiento de objetivos y cómo se ejecutan los fondos.
El medio estatal reveló además que la Presidencia de la República ha otorgado desde 2001 a la fecha $23 millones de dólares de fondos públicos a 149 organizaciones ciudadanas privadas a través del Presupuesto General de la Nación, pero que han tenido poco o nulo control sobre el destino del dinero.
Dicho medio asegura que entre las instituciones que recibieron recursos públicos está la Fundación Buen Ciudadano. “Durante el gobierno del expresidente Francisco Flores se le transfirieron $457,142.85 en solo 15 días”, cita el medio.
“No se trata de una rendición de cuentas que nos van a hacer los privados a los funcionarios o al gobierno, se trata que ellos darán cuenta a la ciudadanía, la forma en qué se han invertido los recursos públicos y los resultados logrados con los mismos”, explicó el Secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez.
El tema ha tomado auge en los últimos días tras la aprobación del Presupuesto General 2017 en el que se les volvió a asignar fondos públicos a 90 organizaciones privadas por un monto que totaliza los $8.9 millones de dólares.
Al respecto, el diputado del partido ARENA, ha expresado que dicha asignación de fondos a entidades privadas trasgrede la Constitución de la República.
“La asignación de estos fondos públicos a entidades privadas es inconstitucional. No existe ningún artículo en la Constitución que faculte a la Asamblea Legislativa a repartir dinero público a entes privados”, expresa Cuadra.
La Corte de Cuentas de la República ha expresado además que iniciará los procesos de auditorías de organizaciones no gubernamentales que administren fondos públicos, pues asegura haber recibido una denuncia sobre dichas asignaciones presupuestarias.
La normativa que se tomó en cuenta para transparentar los fondos privados son la Ley de Ética Gubernamental, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de la Corte de Cuentas de la República y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
La publicación expresa que para que la ciudadanía sepa en qué se invierten los recursos públicos se realizarán audiencias públicas, se hará un ranking de cumplimiento y evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.
