Por Mariana Mazzucato
LONDRES – Va a ser difícil ganarle en teatro político al reciente interrogatorio del presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE. UU., Bernie Sanders, al director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, quien debió explicar por qué su empresa cuadruplicó el precio de la vacuna que fabrica contra la COVID-19. Pero aunque Sanders tiene razón cuando afirma que Moderna debe sus vacunas a los miles de millones de dólares provenientes de los contribuyentes estadounidenses que recibió como asistencia, la decisión de aumentar su precio no debiera sorprender a nadie. Como advertí en marzo de 2020, las farmacéuticas siempre ganan un dineral en crisis como la de la pandemia, y los contribuyentes estadounidenses siempre serán extorsionados hasta que se arregle un sistema que obviamente está roto.
En los inicios de la pandemia el gobierno federal de EE. UU. podría haber sentado un poderoso precedente si hubiera alineado sus inversiones en vacunas con principios para el bien común como el acceso equitativo y la asequibilidad, pero eligió «lo mismo de siempre» y ahora presenciamos los predecibles resultados: Moderna está haciendo todo lo posible por maximizar sus beneficios y el valor para los accionistas, incluso a costas de la salud pública. La empresa afirma que está aumentando los precios para compensar la pérdida de ingresos, pero su vacuna es fruto de la inteligencia colectiva.
Los Institutos Nacionales de Salud (INS) de EE. UU. no solo invirtieron miles de millones de dólares para crear la vacuna; además son propietarios de las patentes de las modificaciones al ARNm, de las que depende la vacuna de Moderna. Tras varios años de disputas por las patentes, los INS acordaron otorgar a Moderna una licencia de su tecnología por USD 400 millones. Desde la perspectiva de Moderna, fue un acuerdo excelente. Esos USD 400 millones generaron USD 36 000 millones por ventas en el mundo, ingresos extraordinarios que se vieron reflejados en gigantescos paquetes de compensación para sus ejecutivos. Durante la pandemia el propio Bancel vendió acciones por USD 400 millones y su cuantiosa indemnización por despido (que recibirá si se vende la empresa y lo echan) aumentó a casi mil millones de dólares (100 veces lo que era en 2019).
Sanders tiene razón cuando destaca la asistencia del gobierno de USD 1700 millones que recibió Moderna por desarrollar su vacuna contra la COVID-19, y cuando condena las injustificadas subas de precios de la empresa. Los precios de los medicamentos debieran reflejar el costo total de la investigación y el desarrollo, y la fabricación y distribución (que en este caso incluyen contribuciones públicas sustanciales a la I+D).
Pero los problemas de «lo mismo de siempre» no se agotan en las remuneraciones excesivas a los directores ejecutivos ni en la privatización de los beneficios financiados con dólares de los contribuyentes. Moderna también se negó a compartir su tecnología, por ejemplo, con el Centro Sudafricano de Distribución de Tecnología ARNm, una iniciativa para acelerar el desarrollo de vacunas en los países con ingresos medios y bajos. Aunque Moderna prometió no aplicar las patentes durante la pandemia. El exceso de patentamientos sigue siendo una gigantesca barrera potencial al desarrollo y la distribución de tratamientos para otras enfermedades, como el VIH y el cáncer.
Hacen falta medidas concretas para garantizar la libre disponibilidad de las vacunas capaces de salvar vidas en los puntos de uso de todos los sistemas sanitarios. Para proteger a la salud pública es necesario un entorno para la innovación completamente distinto del existente, porque depende de que todos los participantes trabajen conjuntamente de manera dinámica para compartir el conocimiento y acelerar el progreso. La gobernanza del sector sanitario debiera fomentar la colaboración y la solidaridad entre los países en vez de la competencia y las restricciones al desarrollo de productos capaces de salvar vidas. La pandemia ya demostró por qué necesitamos un cambio de perspectiva de ese tipo.
Con un enfoque centrado en el bien común, el Estado, las empresas y las comunidades se unirían para acordar las normas y obligaciones relativas a la propiedad, y la manera de compartir conocimientos, con el objetivo de maximizar los beneficios para la salud mundial. Esto requiere un nuevo marco de gobernanza que oriente sistemáticamente la innovación y el conocimiento hacia metas sociales específicas.
Es fundamental garantizar el acceso y la asequibilidad. Crear vacunas que son tan caras que solo una cantidad limitada de personas pueda acceder a ellas genera escaso valor público. Para evitar que los intereses creados influyan indebidamente en las políticas se debe establecer al acceso equitativo como uno de los objetivos explícitos del proceso de innovación sanitaria, desde el primer momento.
Para cumplir las ambiciosas misiones de salud pública, los gobiernos tendrán que recuperar parte del equilibrio entre los incentivos privados y el interés público, lo que implica la necesidad de diseñar nuevos planes legales para las patentes y otros tipos de propiedad intelectual. Y para crear asociaciones más simbióticas, los gobiernos deben rediseñar los contratos fundacionales de las asociaciones público-privadas. Los consorcios y compromisos de otorgamiento de patentes, y las nuevas oportunidades de licenciamiento pueden llevar a que se comparta más el conocimiento, y las licencias obligatorias podrían ayudar a los países a aprovechar al máximo el conocimiento que se crea gracias a la investigación.
En términos más amplios, cuando las empresas se benefician gracias a la inversión pública, esos subsidios, garantías, créditos, rescates y contratos de aprovisionamiento debieran incluir condiciones diseñadas para maximizar el beneficio público. La vacuna de Oxford-AstraZeneca, por ejemplo, debió cumplir el requisito de ser almacenable a temperaturas normales, lo que facilitó su transporte y distribución en todo el mundo. Por el contrario, la vacuna de Pfizer-BioNTech debe ser almacenada a entre -80 °C y -60 °C, lo que implica discriminar entre mercados.
Del mismo modo, los contratos de adquisición deben depender de que se comparta el conocimiento, se reinviertan los beneficios y se mejoren las condiciones laborales para los empleados de las empresas. Esos requisitos asociados a los fondos públicos son clave para garantizar los rendimientos sociales concretos de la inversión.
La difusión de enfermedades infecciosas como la COVID-19 pone de relieve la interconexión del mundo moderno y la importancia de la coordinación internacional para alcanzar las metas compartidas, como la salud para todos. Los gobiernos de todo el mundo deben unir esfuerzos para imponer normas firmes a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la producción de las empresas farmacéuticas.
El gobierno de EE. UU. es la mayor fuente de financiamiento para la innovación sanitaria y el comprador de medicamentos más importante, lo que lo coloca en una posición única para dirigir a la economía mundial hacia un futuro más inclusivo y saludable. Pero no puede limitarse a abochornar en público a los ejecutivos de las farmacéuticas, que operan en un sistema diseñado para beneficiarlos. Cuando cambie el sistema, también lo hará su comportamiento.
Traducción al español por Ant-Translation
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y los Fines Públicos (Institute for Innovation and Public Purpose, IIPP) del UCL, es presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud y coautora (con Rosie Collington) de The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps Our Economies [La gran estafa. Cómo los consultores debilitan a las empresas, infantilizan a los gobiernos y pervierten la economía] (Penguin Press, 2023).
Copyright: Project Syndicate, 2023.
www.project-syndicate.org
