El movimiento “Seguimos Unidos” presentó esta semana más de mil firmas con la intención de apoyar la modificación del artículo 133 del Código Penal que desde su reforma de 1998 condena con cárcel cualquier tipo de interrupción del embarazo en mujeres en El Salvador.
Actualmente, las leyes del país condenan con penas carcelarias a todas las mujeres que sufran cualquier tipo de interrupción de sus embarazos, así sean estos accidentales o por complicaciones médicas.
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El movimiento “Seguimos Unidos” es uno de los muchos que buscan que la Asamblea Legislativa modifique dichas normativas y permita que el aborto sea legal en cuatro casos específicos:
“¢ En casos en que el embarazo sea producto de una violación sexual.
“¢ En casos en que el embarazo resulte de trata de personas.
“¢ En casos en que este ponga en peligro la vida de la madre, así sea esta menor de edad o adulta.
“¢ En casos en que la madre sea menor de edad y víctimas de abusos.
Recientemente, el tema generó un amplio debate debido al caso de Evelyn Hernández, una joven de 19 años condenada a 30 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. El embarazo, además, era fruto de una violación.
La noticia generó impacto a nivel internacional debido a que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que todavía conservan leyes consideradas “excesivamente punitivas” en casos de abortos, según organismos pro derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional.
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Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió un mensaje el pasado mes de mayo a la Asamblea Legislativa para abogar por la despenalización del aborto y el respetar los derechos humanos de niñas y mujeres en el país.
Según el gabinete de expertos que firmó la petición, la prohibición total de la interrupción del embarazo contradice las normas internacionales de derechos humanos y viola las obligaciones internacionales del país.
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable“, señalaron.
La moción de modificar dicha ley es apoyada por el partido FMLN en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el resto de partidos se muestran cerrados ante la propuesta, ya que consideran que permitir la interrupción de un embarazo contradice el derecho a la vida contemplado en la Constitución de la República.