Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron por unanimidad los $2 mil millones que solicitó el gobierno, como Fondo de Emergencia, recuperación y Reconstrucción Económica por los efectos que ha generado en el país la emergencia mundial del coronavirus.
Por lo tanto, con este dictamen el Ejecutivo podrá emitir títulos valores hasta por $2 mil millones, hacer un préstamo o ambas cosas.
"Los títulos valores podrán colocarse en el mercado nacional e internacional y deberán tener hasta un plazo de 40 años. De optar por uno o varios préstamos el plazo del crédito será de 35 años", indicó la Asamblea Legislativa.
Según lo acordado por los diputados, un 30 % de los fondos se destinará para desarrollo de proyectos municipales, transferidos de forma directa a las alcaldías de conformidad a criterios Fodes.
En este sentido, el gobierno lo que busca es generar liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas que resulten afectadas por la emergencia sanitaria, para financiar a los productores de granos básicos y caficultura, y para un programa de subsidio de pago de planillas de empleados que sean afectados por la declaratoria de emergencia nacional y la cuarentena.
El resto, un 70 %, será utilizado en la emergencia sanitaria y transferencias directas para las familias más vulnerables, un fondo de liquidez para micro empresas y sector agropecuario en general.
La mayoría de los fondos se destinará «para el programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables», cubrir las deficiencias del presupuesto 2020 generadas por el covid-19 e incorporar los recursos al presupuesto General del Estado 2020.
Para garantizar transparencia en el manejo del dinero, este monto económico será vigilado por el “Comité de Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica”, que será conformado por un coordinador nombrado por el presidente de la República; un representante de la micro, pequeña y mediana empresa designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); y los ministros de Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo.
Durante la sesión plenaria, la Asamblea también aprobó suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento al Artículo 24 de la misma: “cuando esté vigente Estado de Emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden, se suspenderá temporalmente la aplicación de metas fiscales”.
La medida servirá para que el gobierno no incumpla con los límites de endeudamiento que establece dicha normativa al adquirir más deuda para atender la emergencia. A la fecha, El Salvador tiene una deuda pública que ronda cerca de los $30 mil millones.
