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viernes, 14 de mayo del 2021

Política económica en el contexto de la emergencia por COVID-19

El contexto de la emergencia por el COVID-19 plantea un escenario difícil para la economía global. El FMI, en su informe de perspectivas económicas mundiales de abril del 2020, estima una caída global del 3%. Las economías avanzadas enfrentarían una mayor caída, del 6.1% y para América Latina se estima una reducción del 5.2%.

Para el caso de El Salvador, el FMI prevé una caída de la producción del 5.44%. Durante la Gran Recesión de 2008-09, el impacto en el país fue de -2.08%. Una reducción del PIB de magnitud como la estimada para el 2020 es solamente comparable a la de 1981, cuando se experimentó una caída del 5.7%.

Estos datos se dan en el contexto particular del combate a la pandemia por el COVID-19 que tendrá efectos en la economía local de corto plazo, pero también en las relaciones económicas del país con el resto del mundo. Por tanto, las medidas de política pública de corto plazo son necesarias, pero no serán suficientes si no son acompañadas de un marco de planificación de mediano y largo plazo.

Dentro de las medidas de corto plazo anunciadas está un programa de subsidios para empleados de micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de $140 millones. Este programa consiste en un subsidio del 50% del pago de la planilla para un máximo de dos meses, administrado por BANDESAL y cubriría empresas con menos de cien empleados reportados y ventas brutas anuales menores a $7 millones.

También se plantea una línea de crédito de $360 millones para empresas registradas como patronos en el ISSS de acuerdo con el monto de la planilla entre diciembre 2019 y febrero 2020 y el impuesto sobre la renta declarado en 2018 y 2019. Otra línea de crédito de $100 millones sería dedicada para empresas del sector informal, si tienen créditos vigentes en el sistema financiero nacional con categoría de riesgo crediticio A o B.

Según las estadísticas del ISSS, están registradas 33,756 empresas con menos de 100 empleados reportados, que implica 282,439 personas empleadas y representaría una masa salarial total de $121.9 millones mensuales. Según el decreto aprobado, el fondo tendría un financiamiento de $140 millones. El subsidio para el pago de planilla ha sido una medida que diferentes sectores venían proponiendo desde el inicio de la emergencia para aliviar la presión financiera de las MIPIMES que son más del 95% de las empresas registradas en el país.

Con respecto a las líneas de crédito abiertas, representan una oportunidad de financiamiento para las empresas registradas. Sin embargo, representa también un desafío de política pública para brindar apoyo al amplio sector informal en el que trabajan 1 de cada 3 salvadoreños. Los criterios de elegibilidad sujetos a categoría de riesgo descartan a amplios sectores que no se encuentran en el sistema financiero y utilizan mecanismos alternativos de financiamiento.

Las medidas de corto plazo deben responder a planificación de política pública, teniendo en cuenta que el actual contexto planteará dificultades en el mediano y largo plazo. Estas medidas se están financiando con un paquete de financiamiento de $3,000 millones aprobados por la Asamblea Legislativa, que se suman a los $645.8 millones aprobados en la Ley General del Presupuesto. 

El costo de la deuda se comenzará a pagar en los presupuestos públicos desde el próximo año, por lo que resulta necesario un debate amplio para un Acuerdo Fiscal para robustecer los recursos del Estado, desde la progresividad y la igualdad, desarrollar políticas sociales para las grandes mayorías, que respondan de manera más efectiva a coyunturas de crisis en el futuro, y solventar los niveles de déficit fiscal posterior a la crisis.

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José Luis Magaña
Columnista y analista de ContraPunto

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