El dueño de la emisora Radio Darío, Aníbal Toruño, anunció que su estación radial fue sacada del aire por la Policía Nacional y que sus trabajadores han tenido que esconderse en casas de refugio tras ser amenazados por los agentes. El medio maneja una agenda crítica contra el gobierno del presidente nicaragí¼ense, Daniel Ortega.
"Radio Darío ha vuelto a ser víctima de un ataque por parte del régimen de Daniel Ortega, (…) se encuentra fuera del aire y todo el personal en casas de refugios o escondidos", explicó Toruño en rueda de prensa.
El hecho se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y de ciudadanos capturados, tras participar en protestas contra el presidente Ortega.
La acción policial ocurrió anoche en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, cuando "miembros de la Policía, encabezados por el (jefe policial) Fidel Domínguez, quienes terminaron entrando a las instalaciones luego de amenazar con derribar las puertas si no se les permitía el acceso", según la denuncia.
Toruño afirmó que durante el cierre de la radio, al menos 4 trabajadores fueron esposados y subidos a vehículos policiales, así como "amenazados con que los trasladarían a las celdas de El Chipote", una cárcel que según los organismos defensores de los derechos humanos es utilizada como centro de torturas de la Policía de Nicaragua.
"Es un acto brutal de represión y de violación a la libertad de expresión", resaltó Toruño.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que el ataque a los periodistas y medios de comunicación es la más reciente fase de "represión" del Gobierno de Nicaragua desde el estallido social de abril.
Dicha "represión" ha dejado al menos 610 "presos políticos" y de 325 a 545 muertos, según los organismos humanitarios, aunque el Gobierno establece los muertos en 199 y los reos en 273, a los que denomina "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado cada señalamiento e insiste en que enfrentó y superó un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.
