jueves, 12 de mayo del 2022
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PNC se desliga de los casos de capturados fallecidos en cárceles

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El director de la PNC negó que algún detenido haya fallecido en bartolinas policiales, pero aseguró que no puede responder por los casos que se registren en el penal de Izalco y Mariona.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, desligó a la Corporación de los casos de personas fallecidas en centros penales, luego de haber sido detenidas en operativos policiales desplegados en obediencia al Régimen de Excepción, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo y que fue ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele.

“Gracias a Dios en ninguna bartolina policial, ni en ningún procedimiento policial ha fallecido alguna persona que haya sido detenida”, declaró Arriaza Chicas.

Pero evitando ser cuestionado por lo que ha sucedido en centros penales, Arriaza Chicas esgrimió: “Lo que ya le corresponde al sistema penitenciario, esa ya es facultad de información de Centros Penales”.

Producto al hermetismo que mantienen las autoridades de seguridad entorno a este tema, extraoficialmente se conoce de 11 personas que han muerto detenidas en cárceles salvadoreñas.

De esta cifra, al menos 8 hombres habían fallecido vapuleados o por enfermedades en el centro penal de Izalco, mientras dos hombres murieron golpeados y uno por falta de medicinas en “La Esperanza” -mejor conocido como “Mariona”.

Izalco: Walter Vladimir Sandoval Peñate, José Jeremías Deleón Escamilla, Mauricio  Flores, Elvis Josué Rivera, Luis Ramírez, José Oliva, Wilson Cruz y David Juárez. 

Mariona: Carlos Wilfredo Sauceda González y Sergio Alcides Natividad Calzadilla (vapuleados); David Ernesto Juárez Ávila, de 46 años, (por falta de medicinas).

Además, hay reportes de personas que están siendo violentadas de sus derechos humanos, al límite de ser golpeadas sin motivo alguno.

De acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal (El Salvador), un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometiendo acciones arbitrarias desde que se adoptó el régimen de excepción.

Las entidades señalaron en el documento que han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones ilegales, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.

“Estamos informando a las familias el lugar de la detención (de sus parientes), el motivo de la detención y a que penal nosotros trasladamos a los capturados”, apuntó el director de la Policía.

No obstante, en las últimas semanas miles de persona -en su mayoría mujeres- han llegado a diferentes calabozos y centros penales del país para solicitar información de sus parientes detenidos.

En el documento de HRW y Cristosal se señala que en 34 de los 40 casos de abusos sobre los que se documentaron evidencias de primera mano, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle.

En 20 casos, según las fuentes, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.

Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos.

El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.

Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se continúa sin conocer si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

La cifra de capturas de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas estructuras alcanza los 28.000 desde finales de marzo al miércoles 11.

Por su parte, Bukele le respondió con un “Seguiremos.” en su cuenta de Twitter a la “Acción Urgente” emitida por Amnistía Internacional por la violación de derechos humanos que supone la aplicación del régimen de excepción desde el 27 de marzo pasado y que en los próximos días podría ser ampliado por 30 días más.

“Cerramos el martes 10 de mayo, con 27,831 terroristas capturados, en solo 46 días. Seguimos…”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el mandatario, citando el tuit en el que Amnistía Internacional menciona la “Acción Urgente”, que es un mecanismo por el cual exhorta a activistas y defensores de derechos humanos exigen la derogación de reformas que incumplen normas internacionales.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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