La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó avisos contra las administraciones de nueve alcaldías que fueron gobernadas en el período pasado, por el presunto delito de malversación de fondos públicos por un total de US$7 millones.
Las alcaldías señaladas son: San Sebastián Salitrillo, Zaragoza, Ahuachapán, San Antonio del Monte, San Antonio Pajonal, Cuisnahuat, Sonzacate, San Francisco Menéndez y Candelaria La Frontera.
Los delitos son: malversación de fondos, peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, entre otros.
El mayor monto observado es US$4.4 millones que habrían sido mal usados en la anterior gestión de la alcaldía de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana). Según el representante jurídico del ente contralor, José Napoleón Domínguez Escobar, delitos como malversación de fondos, peculado, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes son algunos de los que han sido detectados como parte del “plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia por la pandemia”, que abarca desde “el año 2020 hasta el 30 de abril de 2021”.
Así mismo, la anterior gestión de la alcaldía de San Francisco Menéndez (Ahuachapán) está cuestionada por US$553,063.99 que fueron utilizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Los fondos fueron asignados a través de decretos aprobados por la anterior legislatura para atender la emergencia por la pandemia del covid-19 y la alerta roja de la tormenta Amanda.
De hecho, siete avisos contra la misma cantidad de municipalidades están vinculados a la administración de fondos para atender la pandemia covid-19 y dos están relacionados al uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (Fodes).
La ley de la CCR obliga a los titulares de la institución “comunicar inmediatamente” al fiscal general de la República de los posibles delitos que encuentren.
“Esos son los cuatro delitos son que se reiteran en los avisos, no necesariamente los cuatro en cada uno, pero son los que están presentes en la mayoría de avisos”, indicó el director jurídico de la CCR.
Añadió: “Si sumamos en las diferentes municipalidades andan arriba de los $7 millones. Las irregularidades van más bien de varios tipos con el tema de malversación que han sido utilizados para fines que no son los que establecía la ley o los decretos, sino han sido utilizados para pagos de salarios, compras o proyectos que no estaban vinculados con la atención y los decretos eran muy claros de dar un destino específico y concretos relacionados con los temas del COVID-19”.
