La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, pidió este martes al fiscal General, Douglas Meléndez, investigar "sin más dilaciones" la masacre de 200 personas perpetrada por el Ejército en el lugar conocido como El Calabozo, en el Cantón Amatitán Arriba, del municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, en 1982.
"Exhorto al fiscal general para que, sin más dilaciones, se investiguen los hechos, causas y responsables en las graves violaciones a derechos humanos" para "superar la impunidad y contribuir la reparación de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares", señaló Caballero en un comunicado.
La solicitud se da en el marco del 35 aniversario de la masacre a manos del batallón Atlacatl, también responsable de la masacre de unos mil campesinos en El Mozote en 1981 en operativos contrainsurgentes durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
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"Dichos hechos atroces son repudiables y constituyen graves violaciones a derechos humanos, (…) lo cual requiere una verdadera atención del Estado salvadoreño en la adopción de medidas que garanticen la no repetición y una integral reparación", acotó la procuradora.
La misma también pidió al presidente Salvador Sánchez Cerén adoptar "medidas adecuadas que garanticen la plena vigencia del derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición" de estos crímenes de guerra.
En noviembre de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó reabrir la investigación sobre la masacre en respuesta a un amparo presentado por un sobreviviente y familiares de las víctimas contra una jueza que en 2006 negó el "desarchivo" del proceso penal iniciado en 1992.
En la resolución la Sala estableció que por su naturaleza de "crimen de lesa humanidad" el mismo no prescribe ni le es aplicable la Ley de Amnistía de 1993 (anulada en julio de 2016), ni el perdón que otorga la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
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Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, de 1993, el 7 de agosto de 1982 el batallón Atlacatl inició un "vasto operativo militar antiguerrillero" en la zona con unos 6 mil efectivos.
Los pobladores de las localidades huyeron de sus casas "por miedo a los bombardeos y a la violencia de los soldados" y se congregaron en el sitio conocido como El Calabozo, donde "fueron ametrallados".
Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del FMLN, ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por los Estados Unidos, murieron unas 75 mil personas y desaparecieron otras 8 mil.
