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PDDH acepta que hay hacinamiento en “Mariona” pero “no mira violaciones”

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El procurador de la defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, expresó en tono molesto que grupos de la sociedad le exijan que vaya a los centros penales a garantizar los derechos de los reclusos.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, confirmó que se ha desbordado la población de reos en centro penal “La Esperanza”, pero pese a esto aseguró que no logró ver ningún caso de violación a los derechos humanos de los detenidos.

Por lo que atribuyó que las denuncias que ha recopilado la asociación, Cristosal, solo se trata de un ataque sistemático contra la institución que dirige, ya que según él constató la semana pasada que los presos están siendo tratados lo mejor posible.

“Yo tengo que ser responsable y decir lo que vi, lo que no vi no puedo decir, no me lo puedo inventar. Algunos sectores quieren que digamos cosas que ellos quieren escuchar, pero la institución de derechos humanos es independiente, del accionar del gobierno (y) del accionar de sectores”, reclamó.

En ese sentido, el procurador dijo que la población reclusa “no está revuelta”, ya que ha sido separada según su pertenencia o no a pandillas, contagiadas por enfermedades como tuberculosis y padecimientos crónicos.

Además, dijo que los reos están recibiendo alimentación tres veces al día, – esto en contracorriente a lo ordenado por Nayib Bukele, quien dijo que solo un tiempo de comida les iban a dar-, acceso a “jornadas de luz”, reciben los kit de higiene personal que el gobierno obliga a los familiares a comprar en las tiendas penitenciarias y traslado a centros médicos en emergencia.

“Vamos a decir lo que nosotros conforme a la investigación objetiva y técnica, tengamos, no vamos a decir lo que algunas organizaciones, lo que el gobierno, lo que un periodista quiera escuchar. Nuestro accionar está enmarcado en lo que nos mandata la Constitución de la República y dándole seguimiento y cumplimiento a los procesos previstos en la ley para obtener la información y presentar las conclusiones”, manifestó el funcionario.

Por otro lado, Tobar hizo énfasis de la necesidad de aumentar el espacio para los detenidos, que según cifras del Gobierno, ya alcanzan las 55,000 capturas, solo en el período de Régimen de Excepción.

“Por supuesto que no hay condiciones óptimas. El comunicado (de la PDDH) solo ha sido leído en la parte que les conviene para hacer las críticas, porque lo que se hace en algunas oportunidades es buscar la deficiencias pero no advertir lo positivo que se hace. Nosotros ahí dijimos que con base a las entrevistas que obtuvimos, que en los últimos meses el espacio se ha reducido y que eso genera hacinamiento, por eso en las recomendaciones del comunicado ponemos que se debe generar más espacios para minimizar el hacinamiento”, señaló.

Las organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal, dan cuenta de al menos 55 privados de libertad fallecidos y agresiones dentro de las cárceles de Mariona y el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate; además cuestionaron a Tobar por presentarse al recinto carcelario con las autoridades de Seguridad.

Ante ello, Tobar mencionó que “ahora que hemos ido a Mariona nos dicen que vayamos a Izalco, siempre ha habido cuestionamiento, hay agenda de medios de comunicación y algunas personas para mantener un ataque a la institución […] somos instituciones parte del Estado y estamos obligado a combinar esfuerzos, unos creen que mantener el discurso de confrontación, va a funcionar la tutela de derechos humanos, no, eso sirve solo para hacer noticias para algunos”.

A tres meses de vigente el Régimen de Excepción, solicitado por el Gobierno para responder a la escalada de violencia que protagonizaron las pandillas MS y 18 a finales de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido 2,673 denuncias violaciones a derechos humanos, indicó el titular de esta institución, Apolonio Tobar.

El 22 de junio pasado, Nuevas Ideas y sus satélites aprobaron un cuarto período excepcional, que concluye el 22 de julio. Este decreto comprende la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión, el derecho a defensa, el plazo de detención administrativa se amplía a más de 72 horas; también se permiten las intervenciones telefónicas.

“En tres meses que va el Régimen hemos recibido 817 denuncias el primer mes, 1,114 el segundo mes y 742 el tercer mes […] igualmente en ese período, hemos desempeñado 12,960 acciones de protección”, planteó.

Según el informe, el derecho más denunciado es el de la libertad personal, con 1,891 denuncias. Mientras que por violaciones al derecho a la vida, relativos a las muertes en los centros penitenciarios, el Ministerio Público investiga, entre marzo y mayo 2022, 18 denuncias. Datos de la Policía Nacional Civil dan cuenta de 44,036 capturas hasta el 2 de julio, por delitos relativos a pandillas.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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