En el interés de frenar el flujo ilegal inmigrante, el ejecutivo estadounidense no solo ha elevado el contingente de guarda fronteras, además del grado de ofensa legal implicado al ingresar a EU ilegalmente, como promovido la anulación de las denominadas “ciudades santuario”, acentuando la persecución de aquellos inmigrantes que no puedan justificar legalmente su estancia; etcétera.
Ello tensionando las diferencias inter étnicas, acentuando la xenofobia desde las mayorías, quienes descargan en las minorías, complejos y prejuicios, acicateadas desde el discurso presidencial, que hace todo ello en el afán de localizar “…al enemigo interno, responsable de la inseguridad social, la pérdida de empleos, y la fuga de capitales…”, lo que es falso además de injusto, pero provocando ya (recordemos la reciente matanza de Texas contra latinos), acciones de intolerancia y su naturalizándose en el seno de la sociedad estadounidense.
Ello en consonancia con la negación de que la inmigración es originada en buena medida por la política exterior estadounidense, que, en el afán de asegurar su influencia niega las condiciones de permanencia en los países de origen, derivando en el fenómeno que abordamos.
Es decir, se le niega la dignidad y prosperidad en su lugar de origen al inmigrante, que debe buscar fuera, en los propios EU.
Ello a su vez es promovido y explotado desde los países de origen por las ansiadas remesas, mismas que nutren y sustentan las parcas y fracasadas economías resultantes de los experimentos económicos impulsados por los organismos financieros multilaterales, que, en connivencia con los intereses estadounidenses, hacen de AL su laboratorio económico, enriqueciendo a las élites – el 1% – mientras el 99% restante, y de acuerdo a los mismos organismos, la clase media incluida, experimentan reducciones importantes en su poder adquisitivo, al grado extremo de negar tácitamente cualquier proyecto de vida.
De ahí la inseguridad social resultante que domina a algunas regiones más que a otras, para el caso, el denominado triángulo norte, donde las condiciones de desigualdad son más acentuadas y extremas, originándose de ello el fenómeno pandilleril, que encuentra en las disfunciones institucionales, un aliento para sus actividades, que las estimula, pues en la impunidad de las elites, el nulo compromiso por perseguirlas, o la ausencia de políticas que ataquen y supriman las causales de la desigualdad que las nutren, se reproducen las condiciones que aseguran su existencia y prosperidad.
Entonces el acuerdo celebrado entre el ejecutivo salvadoreño y la secretaría de seguridad nacional estadounidense, comprometiéndonos como “país seguro”, es un arreglo que pasa por alto que ES no es seguro ni para los salvadoreños, derivando en la expulsión de nuestros conciudadanos, quienes marchan porque no encuentran opciones, constituyéndose en el motor de nuestra economía.
Constituye ello otra imposición de la política exterior norteamericana, y de su entero beneficio, pues transfiere a terceros el problema originado, y que comenzaría a superar valorando a las minorías – relegadas – a la par de eliminar las causales de la violencia doméstica, o la fuga de capitales, corrigiendo el modelo económico ya agotado.
