Nuevamente estamos en presencia de la utilización del endurecimiento de las penas como recurso para el combate a la delincuencia. Cincuenta y siete diputados aprobaron en la última plenaria reformas al Código Penal para aumentar las penas para quienes atenten contra agentes de la Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada, miembros de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia, específicamente contra jueces.
El presidente de la Asamblea Legislativa insiste en que se apruebe pena de muerte como disuasivo para pandilleros. Usando una retórica de populismo penal del tipo “Soy fiel creyente de que la única forma en la que un pandillero puede pagar por la muerte de un policía es con su vida”. Realmente los criminales cuando cometen un homicidio no piensan en las penas que puedan tener
La expresión populismo penal es muy utilizada por políticos oportunistas cuando hay problemas de inseguridad ciudadana; consiste en intentar calmar el malestar popular, por el incremento de la delincuencia, mediante apelaciones a que se apruebe la pena de muerte, el endurecimiento de penas y una serie de leyes que posteriormente, a la hora de su implementación, no tienen un impacto real en la prevención y disminución del delito.
Endurecer las penas no soluciona el problema de la criminalidad, está documentado en la experiencia internacional que no resulta ser un disuasivo del cometimiento de homicidios. Lo que realmente disuade la acción criminal es que haya efectividad en la investigación de la Fiscalía, una política adecuada de control y represión del delito, y una pronta y correcta aplicación de la justicia. La tasa de judicialización en el país es baja y la de condenas por homicidio es bajísima. En 2015 para el caso, la Fiscalía solo pudo procesar uno de cada 10 homicidios y condenar a uno por cada 80. Lo que realmente disuade la acción criminar es que haya efectividad en la acción de la Fiscalía y la PNC, que realmente disminuyan los índices de impunidad.
Naciones Unidas plantea que “las estrategias de prevención del delito bien planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países”. En este sentido ofrecer una diversidad de medidas de política pública de prevención bien planificados sirve para que no se cometan delitos.
En una cosa estoy de acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa:” Los alcaldes juegan papel fundamental en prevención de violencia. Estar cerca de la gente los vuelve importantes en combate a delincuencia”.
La inseguridad constituye la principal preocupación de la población y los municipios deben ser el centro de los programas y proyectos de prevención de violencia, ya que aunque el fenómeno delictivo y violento presenta patrones comunes, en cada realidad territorial se desarrollan características y necesidades particulares que son mejor identificadas, comprendidas y resueltas desde una gestión liderada y coordinada por los actores del territorio y con el apoyo de las entidades nacionales.
