Organizaciones sociales solicitaron este lunes ser parte de las discusiones fiscales que el gobierno y partidos políticos impulsan a raíz de políticas de austeridad reflejadas en el Presupuesto General 2018, mismas a las que el partido ARENA ha cuestionado; las ONG exigen que suspendan las reuniones a puerta cerrada abriendo la discusión a la ciudadanía asegurando es esta la que paga.
“Es cierto que el Estado necesita recursos financieros para llevar a cabo sus programas sociales, pero el riesgo es que las nuevas medidas recaigan sobre los más pobres de El Salvador, perdiendo la posibilidad de hacer más equitativa la política fiscal”, sostienen las organizaciones sociales.
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Asimismo, criticaron la reforma al sistema de pensiones realizada el 28 de septiembre y temen que los diálogos sobre la fiscalidad del país tomen el mismo camino de un “fuerte impacto” económico en la clase trabajadora y sectores vulnerables de la población
También, advirtieron el costo político de discutir las finanzas públicas a espaldas de la población, sobre todo en época preelectoral.
Por lo anterior, recomiendan pasar de una política fiscal regresiva a una progresiva que permita que quienes tengan más, paguen más; recomiendan también revisar los privilegios y exenciones fiscales que según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) el gasto tributario por exenciones de impuesto sobre la renta a empresas asciende a $197,8 millones de dólares al año.
Además, sugieren incrementar el gasto público, rechazar políticas de austeridad que a su juicio solo afecta a las clases bajas de la población; y recomiendan rechazar medidas como el aumento al IVA propuesto por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien ha sugerido al gobierno subir del 13 al 15 por ciento el IVA como medida de recaudación fiscal para el Estado.
Reiteran su llamado también a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a incluir en la discusión las propuestas presentadas por organizaciones sociales que buscan justicia fiscal para que quien gane más pague más.
Sostienen que “aún están a tiempo” tanto gobierno como partidos para no cometer “el error” de la reforma de pensiones que afecta a los más vulnerables de la sociedad, y para que demuestren su voluntad de servir a la población por medio de un diálogo fiscal transparente y de beneficio para las clases pobres.
Entre las ONG demandantes se encuentran la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), Movimiento 5+, Red Activista de El Salvador, FESPAD, entre otras.
