La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Imelda Cortez, una joven acusada de homicidio agravado en grado de tentativa tras sufrir un aborto espontáneo en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Las organizaciones hacen hincapié en que la joven de 20 años ha sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro de 70 años y que necesita tratamiento psicológico. Sin embargo, no le ha sido provisto por las autoridades del sistema penitenciario, ya que la joven se encuentra en prisión preventiva.
“Esta joven, que ha sobrevivido a años de violencia sexual, que ha sido víctima de la pobreza y la exclusión social, hoy es considerada victimaria por enfrentar una emergencia obstétrica. Esto prueba el sesgo discriminatorio que persiste en El Salvador y que, afecta particularmente a mujeres en situación de vulnerabilidad”, señaló Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
Está previsto que el juicio contra Imelda se lleve a cabo el próximo 12 de noviembre. Las organizaciones apelan a las medidas indicadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que se le brinden las atenciones necesarias para prevenir su deterioro físico y psicológico por su condición de víctima de abuso.
“Resulta necesario que “˜se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere”™. Además, “˜la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género”™”, reza el comunicado de las organizaciones.
La representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, lamentó la criminalización y persecución de muchas mujeres que han sido víctimas de abusos y que son acusadas de homicidio agravado tras sufrir abortos espontáneos.
“El Salvador ha tenido una política sistemática de persecución a las mujeres. Son numerosos los casos similares en los que las autoridades no brindan la atención médica adecuada y más bien las tratan como criminales. Hoy vemos, una vez más, cómo funciona un sistema de justicia parcializado, patriarcal e injusto”, lamentó.
Las organizaciones han lanzado una campaña de apoyo para Imelda a través de las redes sociales. Además han iniciado la recolección de firmas digitales para exigir su liberación.
