Tras el anuncio de suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los salvadoreños acogidos en dicho programa, diversas organizaciones se han pronunciado rechazando la decisión del gobierno estadounidense de Donald Trump.
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) calificó de inmoral la decisión de retirar el programa para los salvadoreños.
“Esta es una decisión profundamente inmoral por parte del gobierno de Trump que dañará a cientos de miles de personas y familias salvadoreñas y también las comunidades en que viven [“¦]. La decisión que tomó la Casa Blanca demuestra con claridad que solo les importa su agenda peligrosa e irresponsable de encerrar a nuestro país y de echar de una y otra forma a cualquier persona que no cumpla con su definición racista de un ciudadano blanco”, denunció la directora ejecutiva de CISPES en Washington, Alexis Stoumbelis.
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De igual forma, el senador demócrata Patrick Leahy lamentó la decisión del gobierno Trump.
“Ahora 200,000 de nuestros vecinos y miembros de la comunidad deben decidir si abandonar a sus hijos ciudadanos estadounidenses o devolverlos a un país empobrecido invadido por la violencia de las pandillas. Eso es desmesurado”, escribió el político estadounidense en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que el cese del programa TPS constituye una violación a los derechos humanos, ya que ha dejado bajo incertidumbre y vulnerabilidad a los más de 190 mil menores de edad hijos de los casi 200 mil beneficiarios del programa.
“A 17 años desde que entrara en vigor, muchas de las personas que se quedaron en Estados Unidos, gracias al estatus de protección temporal, han tendido raíces, se asentaron en comunidades, estudian, trabajan, empezaron negocios y familias, y forman parte del tejido social de este país. Esta decisión de eliminar el TPS destruirá miles de lazos familiares e ignora los derechos humanos fundamentales a la protección de las familias y los derechos de los niños, muchos de los cuales son ciudadanos americanos que se verían obligados a quedarse en Estados Unidos sin familiares o de regresarse a un país con el que no tienen mayor vínculo ni conocimiento alguno”, dijo Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe.
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Anteriormente, la administración Trump canceló el mismo programa a Honduras, Nicaragua y Haití.
Estados Unidos decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en dicho país en 2001 tras los dos devastadores terremotos que sufrió El Salvador ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes (en los años 1980 y 1990) huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.
