Ordenan Prisión por Hurto de Computadoras de Educación

José del Cármen López, Daniel Henríquez Funes y Josué Manuel Valladares son sometidos por la justicia, y llevados a prisión, por cargos de “hurto” de computadoras del gobierno y “estafa” por su venta.

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Fotografía: FGR

Por: Alessia Genoves

José del Cármen López, Daniel Henríquez Funes y Josué Manuel Valladares han sido tres de los últimos imputados por el hurto de más de dos decenas de equipos portátiles del centro escolar Hacienda El Guayabal, del municipio de San Miguel. Los equipos informáticos forman parte del total de 1.3 millones de equipos de laptops del programa Enlace, gestionado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), para hacer efectiva la educación virtual entre docentes y alumnos.

Por tanto, las atribuciones en contra de los incoados se han configurado por el delito de la “receptación en perjuicio del Ministerio de Educación” y por el de estafa en perjuicio de una víctima”, última de las personas que habría denunciado a los que permanecen hasta ahora capturados, según lo detalla la Unidad Penal del Estado de San Miguel y la representación oficial de la Fiscalía General de la República (FGR)

El objetivo de nosotros es poder determinar desde las personas que se introducen a los centros escolares, hasta saber finalmente quién es la persona que las comercializa, como es el caso del señoe”, detalló a la prensa la representación fiscal.

También se refirió a que la investigación pretende, a su vez, poder determinar qué otros establecimientos comerciales de acá de San Salvador, o del oriente del país, se dedican a captar o a comprar éste tipo de objetos, que tienen un titular, que son comprados con fondos del Estado y causan un perjuicio a la comunidad, en general, y de forma directa a los niños de éstos centros escolares”.


Los Hechos

El caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Paz, define a José del Cármen López como el autor directo de los hechos relativos al hurto de más de una docena de equipos informáticos portátiles, que pertenecen al gobierno; así como a la estafa de una de las víctimas, por la venta de los mismos.

De acuerdo con las declaraciones de la representación fiscal, los hechos habrían tenido lugar desde el pasado lunes 19 de julio, fecha en la que López habría vendido el equipo a uno de los compradores, en compañía de sus colaboradores. Además detalla que los hechos procedieron en un negocio comercial ubicado en el “Centro Comerical Metro Calería de ésta capital” en el que “se estaban comercializando estos aparatos”.

El día 20 se produce el registro con prevención de allanamiento, en el establecimiento comercial, propiedad de uno de los imputados. Se encuentra una gran cantidad de objetos, entre ellas, una computadora que había sido vendida a una persona particular, en la cantidad de $300 dólares, aproximadamente; y ésta, al percatarse que la computadora tenía una etiqueta, tenía un titular, que era el Ministerio de Educación, opta por devolver éste aparato”, declaró a la prensa la representación fiscal.

Tras la comprobación de la propiedad del Estado de la computadora que fue vendida por la víctima que denunció la supuesta estafa, la unidad fiscal procedió a investigar a los supuestos responsables. En adelante, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) comprometieron sus unidades al allanamiento preventivo, procedimiento en el que lograron incautar más de los elementos informáticos.

Ademas añade que “todos estos inventarios del Ministerio de Educación tienen un número único, identificado para cada centro escolar”, por lo que “la titular de este centro escolar observa el número de inventario, ve una de las computadoras que muestran en los medios, y ella identifica que ese lote de computadoras era el que una noche antes había sido hurtado en su centro escolar; y es así dónde ella hace del conocimiento de esa situación, y se incorpora ese hecho al presente caso”.

De acuerdo con los precedentes, este hecho se sumaría a un patrón de conductas delictivos en los que anteriormente se habían hurtado otras unidades informáticas de los centros educativos, para el beneficio personal de los autores, y para su posterior venta. Entre los hechos, las fiscalía enumera al menos tres concurridos durante el “mes de marzo, el 12 de julio y el último el 19 de julio”.

ContraPunto también ha investigado éste patrón delictivo, y añade otros tres hechos delictivos reportados durante el mes de mayo. En concreto, se enumera el atribuído en contra de Efraín García, de 69 años de edad, concurrido el pasado 25 de abril del año presente. Asimismo, enumera el de Harold Aguilera, a quien se detuvo en Santa Ana, el pasado 7 se mayo. Tampoco omite el de Max Antonio Santos, de 20 años de edad, quien fue capturado, el pasado 20 de mayo, por la compra, la adquisición y la posesión de los equipos robados.

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La Resolución

La resolución del árbitro de justicia se dio a conocer en horas de la tarde de éste lunes. Según lo detalló la fiscal, se “ha decretado instrucción formal con la medida más gravosa, que es la detención provisional en contra de los imputados”, por los delitos que son procesados.

La FGR ha solicitado un plazo de instrucción de seis meses; porque, como lo dije anteriormente, queremos llegar a profundidad a acreditar a todas éstas personas que participan de forma directa en ésta estructura, que se dedica a saquear centros escolares, con el propósito de comercializarlos en la Ciudad de San Salvador”, añadió.

El Ministerio Público también declaró tener la robustez probatoria para atribuir los cargos a los incoados, consistentes en prueba técnica, prueba documental y “prueba pericial, por parte del personal técnico del Ministerio de Educación, quienes van a dar su opinión técnica o su pericia”, entre otros elementos.

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