Un juez federal de Nueva York ordenó el viernes a la Administración presidida por Donald Trump que restaure en su totalidad el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, y que protege de la deportación a más de 700,000 jóvenes inmigrantes en Estados Unidos.
El juez Nicholas Garaufis, quien ya había invalidado la suspensión del programa en un fallo emitido a mediados de noviembre, dictaminó hoy que, a más tardar el lunes, el Gobierno federal debe publicar en todos sus sitios web que está aceptando solicitudes para nuevos aplicantes que califican para el programa, pero que no han podido inscribirse.
Estas nuevas aplicaciones no eran posibles desde que Trump anunció la terminación de DACA en septiembre de 2017. Se estima que un millón de adolescentes y adultos jóvenes inmigrantes indocumentados que califican podrían presentar una solicitud a raíz del fallo de este viernes.
La Administración saliente, agregó el juez, también tendrá que recomenzar a aceptar solicitudes de renovación y advanced parole en los términos en que estos beneficios eran concedidos antes del desmantelamiento.
Garaufis, quien preside el tribunal de Distrito en Brooklyn, también ordenó al Gobierno que otorgue a los solicitantes permisos de trabajo que duren dos años en lugar de un año, el período propuesto por la Administración Trump durante el verano.
El juez recordó en su fallo que Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, por sis siglas en inglés), ejerce el cargo de manera irregular y que, por tanto, las decisiones que ha tomado para suspender DACA no tienen validez.
Garaufis había dicho en noviembre que el traspaso del cargo entre el exsecretario del DHS, Kevin McAleenan, y Wolf no fue realizado de acuerdo a la ley.
Aunque Trump nominó formalmente a Wolf para el cargo en el verano, este aún no ha obtenido una votación completa que apruebe su designación en el Senado, por lo que ejerce su puesto de modo "interino".
El 28 de julio pasado, Wolf había suspendido el programa mediante un memorando. El juez Garaufis anuló esa orden en su fallo del 14 de noviembre.
El programa suspendió temporalmente la deportación y otorgó permisos de trabajo a jóvenes que habían sido traídos a Estados Unidos por sus familiares cuando eran niños de manera irregular.
Luego de que Trump le pusiera fin, activistas y jóvenes inmigrantes batallaron esa decisión en los tribunales. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio de 2020 que el gobierno de Trump terminó el programa de forma ilegítima.
En la actualidad, los dreamers, como se conoce a los beneficiarios de DACA, no pueden acceder al programa sin son primeros aplicantes pero pueden renovar sus beneficios si ya habían estado enrolados.
Los dreamers trabajan como maestros, médicos, abogados, y soldados, han establecido negocios, o estudian para convertirse en futuros profesionales. Unos 27,000 de ellos luchan en primera línea contra la pandemia del COVID-19 desde el área de la salud.
La mayoría de los beneficiarios de DACA proviene de México (529,760), El Salvador (25,350), Guatemala (17,260), y Honduras (15,810), aunque también hay dreamers del resto de América Latina, y de países de Europa, Asia, Africa y Medio Oriente.
Los diez estados con los mayores números de dreamers son California (188,420), Texas (109,090), Illinois (34,890), Nueva York (29,390), Florida (25,500), Arizona (24,700), Carolina del Norte (24,480), Georgia (21,110), Nueva Jersey (16,830), y Washington (16,360).
Estados Unidos debe agradecer el trabajo de los inmigrantes (TWP), Abril de 2020.
El pasado 28 de marzo, mientras el número global de personas infectadas por COVID-19 rebasaba el medio millón, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos, dio a conocer una lista de actividades consideradas “críticas para la salud pública y para la seguridad económica y nacional”. Entre los sectores mencionados se encuentran los servicios médicos, la producción agrícola, el transporte y distribución de bienes esenciales, los servicios de cuidado a poblaciones vulnerables, las actividades de mantenimiento y limpieza, y la generación de agua y electricidad.
Hay un criterio internacional más o menos homogéneo para identificar las actividades estratégicas de cada país, y no son pocos los que han puesto una parte importante de estas actividades en las manos de trabajadores inmigrantes, algunos incluso con situación migratoria irregular. En Estados Unidos, el caso más visible es el de quienes trabajan el campo.
Existen 2.5 millones de trabajadores agrícolas en los campos estadounidenses, según cifras del Departamento del Trabajo (DOL, por su siglas en inglés); de ellos, 75% son inmigrantes, la mayoría de México. A esta cifra se podrían sumar los trabajadores de los ranchos de producción animal y sus empacadoras, pero por el momento quedémonos con el sector agrario.
Aunque oficialmente 83% del total de los trabajadores del campo se identifican como latinos, las organizaciones proinmigrantes manejan cifras superiores al 95%, incluido un 6% que se identifica como indígena. Al menos un millón de estos trabajadores son indocumentados, aunque el propio DOL reconoce que el número puede ser mayor, debido a que las personas ocultan su estatus migratorio al gobierno. Esta es la fuerza laboral que permite a las familias estadounidenses, que hoy están en cuarentena, seguir poniendo vegetales sobre la mesa.
Paradójicamente, quienes realizan una de las labores esenciales en tiempos de crisis carecen de las garantías más básicas. Más de la mitad de quienes trabajan en el campo no cuentan con un seguro médico y tienen acceso limitado a los servicios de salud; solo 18% ha sido asegurado por su empleador. Los riesgos de salud intrínsecos del trabajo agrícola vuelven a estos inmigrantes doblemente vulnerables.
El sector de atención a la salud es justamente otro de los rubros esenciales con rostro inmigrante. De los más de 12 millones de personas en Estados Unidos que trabajan como médicos, enfermeros, dentistas y otras actividades de cuidado de la salud, 17% —más de dos millones— son inmigrantes que provienen principalmente de países asiáticos, de América Latina y del Caribe.
Ese porcentaje aumenta en actividades concretas. Si un estadounidense acude a un hospital, encontrará que, en promedio, 25% de los médicos, cirujanos y enfermeros nacieron en otro país. En estados como Nueva York, donde la pandemia está matando a más de 600 personas al día, 37% de los trabajadores de salud son inmigrantes. A estos números habría que sumar, además, el de los inmigrantes que trabajan en las áreas de limpieza y mantenimiento hospitalario, así como el de los cuidadores de salud que trabajan a domicilio.
Retomo estas cifras, muchas de ellas ampliamente conocidas, por la paradoja que representa que parte de la fuerza de trabajo esencial en tiempos de pandemia esté en las manos del grupo de población más vilipendiado por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Esta administración ha ignorado deliberadamente que la contribución directa de la mano de obra inmigrante a la producción económica estadounidense en 2016, el año en el que fue electo, fue de dos billones de dólares. Estos números han sido consistentes por varios años.
En diversos reportes, el Comité para el Desarrollo Económico (CED) ha señalado que, en Estados Unidos, las profesiones y oficios que crecen con rapidez tienden a experimentar un déficit de trabajadores, al menos en el corto plazo. “Estados Unidos debe confrontar el reto demográfico por el envejecimiento de su población. Un menor crecimiento de la fuerza de trabajo supone riesgos para la fuerza económica y la salud fiscal del país”, señala un documento de 2020.
El mismo reporte estima que el sector que enfrenta el mayor riesgo de escasez de mano de obra es el de atención médica, en particular las áreas de asistentes de terapia física y ocupacional, médicos y cirujanos, y enfermeras. Esto se debe a la jubilación de quienes prestan servicios o capacitan a trabajadores de salud; aunque otros rubros productivos han compensado el déficit de personal con automatización y teletrabajo, el sector salud requiere trabajo en persona, en lugares específicos, y largos períodos de capacitación y certificación. Contratar trabajadores de salud nacidos en el extranjero ha sido una de las soluciones, especialmente en regiones desfavorecidas.
En Estados Unidos viven 44 millones de personas inmigrantes, de las cuales 34 millones inmigraron antes de 2010. Tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y que han tenido acceso a una mejor educación; algunos ya se encuentran trabajando en sectores esenciales. Si incluimos a esta generación, las familias inmigrantes representan casi 30% de la población de este país. La pandemia que hoy se ciñe en nuestras comunidades evidencia la necesidad de regularizar y proteger los derechos de los trabajadores esenciales, y a reconocer que muchos de ellos, que hoy literalmente ponen la vida en juego, son trabajadores inmigrantes. (TWP)
