Un grupo de expertos* en derechos humanos de la ONU exhortó este viernes a las autoridades de El Salvador a adoptar reformas estructurales urgentes para poner fin a la detención arbitraria de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
El llamado urgente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se produce tras la revisión del caso de tres mujeres que fueron detenidas, juzgadas y condenadas a largos períodos de prisión en El Salvador, luego de haber sufrido emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
En su Opinión No. 68/2019, dada a conocer recientemente, el grupo de expertos encontró que este no era un caso aislado, sino que reflejaba problemas estructurales en el ejercicio y protección de derechos fundamentales de la mujer en El Salvador.
Las tres mujeres fueron privadas de su libertad en el hospital, en medio de graves complicaciones de salud, luego de haber pasado por emergencias obstétricas que pusieron fin a sus embarazos. El personal hospitalario se apresuró a contactar a autoridades policiales y judiciales, quienes inmediatamente iniciaron investigaciones y formularon acusaciones por homicidio agravado.
“Las autoridades salvadoreñas sometieron a las tres mujeres a prisión preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detención y sin tomar en cuenta la emergencia médica sufrida, ni el daño físico y psicológico al que habían estado expuestas”, señalaron.
Asimismo, los expertos consideraron que “en los tres casos se asumió la culpabilidad de las acusadas, negándoles la presunción de inocencia, violando las garantías del debido proceso”.
“Las mujeres jóvenes salvadoreñas en situación de pobreza son especialmente vulnerables a sufrir este tipo de detenciones arbitrarias”, recalcó el Grupo de Trabajo en sus observaciones.
“La información recibida indica que, entre el 2000 y el 2011, 129 mujeres fueron judicializadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador, con penas que van de los 30 a 50 años de prisión. El 68% de las mujeres fueron sentenciadas cuando tenían entre 18 y 25 años y en su mayoría provienen de zonas rurales o urbanas marginales”.
De igual forma, “el 57,36% de las denuncias registradas por sospechas de aborto fueron de profesionales de la salud pública. Este es un fenómeno generalizado en el país, que solo afecta a la población femenina y debe ser resuelto con prioridad”.
“El resultado son medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin legítimo, y que parecen irrazonables en su implementación”, indicaron tras establecer que la legislación aplicada era discriminatoria, al recaer sólo sobre las mujeres.
El Grupo de Trabajo hace un llamado a las autoridades de El Salvador para que, “de manera urgente e integral, revisen, reinterpreten, reformen, desapliquen y/o deroguen la legislación penal aplicada, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió en materia de derechos humanos”.
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En El Salvador "sometieron a las tres mujeres a prisión preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detención y sin tomar en cuenta la emergencia médica sufrida, ni el daño físico y psicológico al que habían estado expuestas”, dice la ONU
