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sábado, 15 de mayo del 2021

ONU pide a Panamá no rechazar solicitudes de asilo

De igual forma, la organización ha llamado la atención al Estado panameño por las denuncias por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

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El Comité Contra la Tortura de la ONU reaccionó por el “elevado porcentaje” de rechazo en Panamá a las solicitudes de asilo declaradas en un 98% “inadmisibles” en lo que va del 2017. La organización internacional pidió al gobierno panameño que no expulse, devuelva o extradite a personas que buscan refugio en su territorio “cuando existen razones fundadas para creer que correrí­a el riesgo personal y previsible de ser sometidas a tortura”.

Compuesto por diez expertos independientes elegidos por los 161 Estados que han ratificado la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Comité le señaló que Panamá está “poniendo en peligro a solicitantes de asilo al negarles acceso a su territorio y al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado tanto en puestos fronterizos aeroportuarios como en las fronteras con Colombia y Costa Rica”.

El Comité exhorto entonces a Panamá a garantizar el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, así­ como el derecho a un recurso efectivo en el que las apelaciones sean examinadas por una instancia independiente de la que tomó la decisión inicial.

De igual forma, la organización mostró su “preocupación (por) la falta de avances significativos en la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar” (1983-1989), ante lo cual redobló la exigencia que Panamá adopte “medidas apropiadas para que se lleven a cabo investigaciones eficaces e imparciales en todos los casos pendientes de presuntas desapariciones forzadas, se enjuicie y [“¦] se sancione a los autores (e) indemnice a los familiares de las ví­ctimas”.

El “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes” es también una práctica que la ONU observa en Panamá. Pone el ejemplo de lo sucedido en la comarca indí­gena de Ngí¤be-Buglé, donde se habrí­an producido “detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza por parte” de los órganos represivos, para sofocar las “protestas en rechazo a las operaciones mineras y la explotación hidroeléctrica” en dicha comarca.

Otro caso señalado por la ONU es el de los disturbios registrados en la ciudad de Changuinola, en la provincia de Bocas de Toro, entre el 6 y el 10 de julio de 2010, que se saldaron con una persona muerta y más de un centenar de heridos, hechos que habrí­an quedado impunes pues no han “sido enjuiciados”.

Inquieta en la ONU que “entre 1995 y 2016”, solo “se dictaran cuatro sentencias condenatorias por actos de tortura en Panamá, encontrándose aún pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de enero de 2016 en el caso del Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen”, sin indicar “las razones que motivaron el sobreseimiento temporal de seis investigaciones penales por delitos de tortura y malos tratos“, ni se conozcan si han sido abiertas de oficio, “investigaciones de por presuntos actos de tortura o malos tratos”.

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