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jueves, 13 de mayo del 2021

ONG´S piden a políticos no justificar tratos con pandillas

Exigen a los polí­ticos no servirse de su cargo ni negociar beneficios partidarios a costa de la seguridad de la población

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Cuatro organizaciones sociales expresaron su condena ante las recientes evidencias de que polí­ticos negociaron con grupos de pandillas a cambio de favores electorales; demandan una investigación al respecto, y que los funcionarios que realizaron dichas conversaciones con grupos criminales dimitan de su cargo.

“Los dirigentes polí­ticos actuales, en sus ansias por lograr victorias electorales y otros desleales beneficios, se vuelven cómplices de la grave situación que vive el paí­s, y al actuar de esa manera, también son responsables de que no cesen las muertes ni los demás crí­menes que se cometen a diario”, expresan por medio de un comunicado.

Las oenegés demandantes son: Acción Ciudadana, Proyecto Cero, Concertación Democrática Nacional y De5en5 por El Salvador, quienes exigen a los polí­ticos, no servirse de su cargo ni negociar beneficios partidarios a costa de la seguridad de la población.

Lo anterior, en referencia a la polémica grabación que salió a la luz el pasado 11 de marzo y en donde miembros del partido ARENA, que también son alcaldes y diputados, dialogan con lí­deres de pandillas algunos beneficios si ARENA obtení­a la presidencia en 2014, algo que no sucedió, y que para algunos diputados del FMLN podrí­a estar ligado al repunte de homicidios ocurrido a partir de 2015.

Dichas organizaciones exigen que cualquier funcionario que haya pactado con criminales, no importando el partido polí­tico al que pertenezca, deje su cargo. Piden además a los partidos polí­ticos que condenen dichas acciones en lugar de justificarlas.

Exigen también que se investigue el posible uso de fondos públicos para financiar a grupos criminales, así­ como el financiamiento electoral con dinero de agrupaciones ilí­citas, y el uso de recursos estatales para conceder beneficios a bandas criminales.

Por último, exigen el cese de toda acción de parte de los partidos polí­ticos y el Gobierno que conceda legitimidad o protagonismo polí­tico a grupos criminales. Además piden que a pegados a la ley, se atienda con urgencia la demanda de la ciudadaní­a de enfrentar la crisis de seguridad que actualmente vive El Salvador, implementando polí­ticas públicas transparentes, integrales y adecuadas financieramente.

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