Cuatro organizaciones sociales expresaron su condena ante las recientes evidencias de que políticos negociaron con grupos de pandillas a cambio de favores electorales; demandan una investigación al respecto, y que los funcionarios que realizaron dichas conversaciones con grupos criminales dimitan de su cargo.
“Los dirigentes políticos actuales, en sus ansias por lograr victorias electorales y otros desleales beneficios, se vuelven cómplices de la grave situación que vive el país, y al actuar de esa manera, también son responsables de que no cesen las muertes ni los demás crímenes que se cometen a diario”, expresan por medio de un comunicado.
Las oenegés demandantes son: Acción Ciudadana, Proyecto Cero, Concertación Democrática Nacional y De5en5 por El Salvador, quienes exigen a los políticos, no servirse de su cargo ni negociar beneficios partidarios a costa de la seguridad de la población.
Lo anterior, en referencia a la polémica grabación que salió a la luz el pasado 11 de marzo y en donde miembros del partido ARENA, que también son alcaldes y diputados, dialogan con líderes de pandillas algunos beneficios si ARENA obtenía la presidencia en 2014, algo que no sucedió, y que para algunos diputados del FMLN podría estar ligado al repunte de homicidios ocurrido a partir de 2015.
Dichas organizaciones exigen que cualquier funcionario que haya pactado con criminales, no importando el partido político al que pertenezca, deje su cargo. Piden además a los partidos políticos que condenen dichas acciones en lugar de justificarlas.
Exigen también que se investigue el posible uso de fondos públicos para financiar a grupos criminales, así como el financiamiento electoral con dinero de agrupaciones ilícitas, y el uso de recursos estatales para conceder beneficios a bandas criminales.
Por último, exigen el cese de toda acción de parte de los partidos políticos y el Gobierno que conceda legitimidad o protagonismo político a grupos criminales. Además piden que a pegados a la ley, se atienda con urgencia la demanda de la ciudadanía de enfrentar la crisis de seguridad que actualmente vive El Salvador, implementando políticas públicas transparentes, integrales y adecuadas financieramente.
